El día de ayer se cerró un capitulo importante en los proyectos que el gobierno federal había trabajado desde hace un sexenio con el gobierno estatal: los terrenos para el aeropuerto de la huasteca potosina. Se publicó el decreto expropiatorio de aproximadamente 40 hectáreas que colindan con la base aérea tamuinense y un rancho, propiedad de la familia Santos. Lo anterior significa una decisión del gobierno federal para lograr la materialización de una obra vital para la vida económica y turística potosina y el cumplimiento de una promesa que parecía sería incumplida. Se desconoce, hasta hoy, el monto de lo pagado por esta acción legal. Pero lo que sí sabemos, es que fue un acuerdo entre los propietarios y la autoridad federal para economizar procesos legales que hubieran retardado la obra. Las quejas de la iniciativa privada potosina sobre el abandono del gobierno en sus promesas vertidas al estado, parece que están siendo escuchadas. ¡Síganle empresarios!.

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