Es regla básica de derecho: “El derecho propio termina donde inicia el de otro”.

O ya en términos más poéticos: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Porque lo que ocurrió el día de ayer desde tempranas horas de la mañana hasta antes del mediodía en una de las vías de comunicación más importantes de América -no de San Luis, ni de México-, ¡de América!, no fue cosa menor. La Carretera 57 -desde la Ciudad de México hasta su unión con la frontera norte o de regreso-, es el ramal de movilidad central del país por la cantidad de población y recursos materiales que se trasladan. Escenas de accidentes han detenido su vida por horas y horas dejando varados a miles de usuarios y a millones de pesos con incalculables pérdidas para sus afectados.

Pero son accidentes. Etiqueta que hace la diferencia frente a los que desastrosamente también provocan afectaciones imperdonables. Ayer, en la zona conocida como “El Huizache” cerca del municipio de Matehuala, un grupo de ciudadanos de una comunidad “x” -póngale el nombre que guste- apostó llantas y les prendió fuego, impidiendo el paso de vehículos desde las 5 hasta las 12 del día. Bajo el argumento de una molestia social por la privación de la vida a un vecino de la comunidad provocada -dicen ellos- por policías federales. El gobierno estatal acudió a dialogar con los inconformes.

Se comprometió a aclarar -de la mano con el gobierno federal- la situación y dar con los responsables. Para que se aplique todo el peso de la ley si se cometió una injusticia y mal actuar del o los agentes señalados. ¿Entonces si se debe resarcir el daño a unos y descuidar el de otros?

En efecto, los familiares de quienes pierden la vida con violencia y dolosamente son víctimas. No hay discusión. Si ha de haber responsables que se dé con ellos. ¿Pero el derecho y afectación de aquellos que perdieron más de 7 horas en la carretera no vale entonces? La autoridad -de cualquier nivel- debe de guardar y hacer guardar por sobre todas las cosas el estado de derecho. La sociedad ya no tiene tiempo para perderlo por el bloqueo de unos cuantos, mientras la autoridad se limita a “dialogar”. La ley faculta a la autoridad a garantizar nuestros derechos cuando se ven trastocados por otro ciudadano o la autoridad misma de muchas maneras.

Empezando por el diálogo y terminando con el uso de la fuerza pública. O pregúntenle a los que ayer se quedaron en la carretera. Si alguien dice lo contrario, nosotros también lo haremos. Hasta mañana…