Basta con colocarse en alguna de las altitudes de la zona sur de la zona metropolitana capitalina, atrás del Parque Tangamanga, para observar el panorama que por las mañanas tiene todo el valle de San Luis Potosí: un nivel de contaminación preocupante. Eso no es novedad. Ni tampoco que las autoridades estatales menos han medido, desde hace sexenios, y, peor aún, dado a conocer a la ciudadanía los niveles de contaminación atmosférica básica que todos los días respiramos. O por desidia o por falta de equipos. Que respiramos contaminación, sí.

Que las autoridades en materia de ecología, como la Segam, en los últimos sexenios no han hecho nada, también. Pero que ahora la Segam quiera también medir y sancionar con “impuestos ecológicos” emisiones contaminantes de dióxido de carbono provocadas por empresas sin saberse como lo harán, es una vacilada. Si no se ha podido controlar, ni prevenir, ni sancionar la que se genera con los miles de automotores o industrias desde hace décadas, ¿como lo harán para cobrar este famoso "impuesto ecológico"?. Los impuestos, como contribución social y constitucional, tienen fines y destinos.

Sus orígenes y objetivos están debidamente etiquetados.  El Legislativo está cerrando estos tres años con actividades y actitudes sin pies ni cabeza. ¿Es necesario sancionar con algún impuesto a quien atente contra la salud?, por supuesto. Nadie lo niega. Pero lograrlo de manera adecuada y legítima tiene y merece otro nivel de legislar.  No a base de ocurrencias y menos de caprichos. Así no legisladores.