TERROR EN ZACATECAS. La madrugada del pasado viernes, Zacatecas volvió a ser escenario de una jornada violenta con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y operativos militares en al menos once municipios. Mientras tanto, en San Luis Potosí, estado vecino y socio reciente en materia turística y de seguridad, no se emitió ninguna alerta, recomendación o comunicado oficial que previnieron a las y los potosinos sobre la situación. Este vacío informativo fue aprovechado por rumores, noticias falsas y un creciente clima de incertidumbre, sobre todo en las comunidades fronterizas que, históricamente, han sido puntos sensibles por su cercanía con zonas de alto riesgo.

Lo más desconcertante es que este silencio se dio cuando en teoría hay operativos conjuntos entre San Luis Potosí y Zacatecas, conocidos como operativos espejo, que contemplan intervenciones simultáneas en municipios limítrofes como Matehuala, Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo. Además de estas acciones tácticas, se acordó mantener una coordinación estrecha entre ambas entidades para compartir indicadores y reforzar la presencia institucional. Es decir, no se trató de un territorio ajeno ni de una problemática sorpresiva; fue una crisis anticipable en una zona prioritaria.

Lo que no se dice pero que se infiere, es que el mutismo institucional también es una forma de comunicar. Al no emitir información clara ni oportuna, se generó un espacio que fue ocupado por la especulación y el miedo. Para las personas que debían viajar a Zacatecas por motivos laborales, familiares o comerciales, no hubo guía, advertencia ni acompañamiento. Esta omisión resulta más grave si se considera que existe un convenio formal entre ambos estados, no solo en seguridad, sino también en turismo, cultura y promoción conjunta de actividades económicas ¿Qué tan efectiva puede ser una estrategia compartida si falla justo en el momento que más se necesita?

Hoy, más allá de los operativos y los acuerdos, lo que está en juego es la confianza ciudadana. La coordinación interestatal no puede limitarse a mesas técnicas o comunicados posteriores; debe traducirse en respuestas inmediatas y visibles ante las emergencias. Si lo que se busca es una región segura y articulada, la comunicación oportuna es tan estratégica como cualquier patrullaje. Porque cuando las instituciones callan, el miedo habla más fuerte.

CAOS EN LA ALAMEDA: UN DESAFÍO QUE EXIGE ACCIÓN. El desorden que se vive en la intersección de avenida Constitución y Manuel José Othón no es un problema menor; es un síntoma de la falta de coordinación y supervisión en uno de los puntos neurálgicos del Centro Histórico. La mezcla de camiones urbanos y taxis disputando espacios destinados para ascenso y descenso de pasajeros genera no sólo retrasos, sino también tensión entre los mismos operadores y riesgo constante para los peatones. Quienes intentan subir a los camiones deben correr para alcanzarlos, exponiéndose a tropiezos o caídas, un peligro que afecta tanto a menores como a adultos.

A este riesgo se suma el mal estado de la calle: hoyos y baches por falta de adoquinado agravan la situación y aumentan la posibilidad de accidentes. La combinación de vehículos mal estacionados, tránsito irregular y pavimento deteriorado convierte la zona en un verdadero escenario de peligro, donde cualquier descuido puede derivar en lesiones graves. Que incluso los propios conductores rehúyen permanecer en la zona evidencia que el caos ya superó la tolerancia del gremio.

El reto para las autoridades locales es innegable, señalética y reglamentos existen, pero es vital un plan de reacomodo de los espacios, las normas permanecen inoperantes. Es urgente establecer mesas de diálogo con camiones, taxis y ciudadanos para definir áreas seguras de espera, garantizar la movilidad y proteger a los peatones. Mientras la regulación se postergue, la Alameda Juan Sarabia seguirá siendo un punto crítico donde la falta de coordinación pone en riesgo a todos los que transitan por ella.