La garantía de acceso a la información es producto, hasta hoy todavía, de esa exigencia ciudadana de transparencia en el uso de recursos públicos. Por décadas los gobiernos, de los tres niveles, vivían y se desempeñaban con la libertad intocable de disponer del erario sin ninguna pregunta que manchara su destino: obras públicas, inversiones, fomentos, fideicomisos, sueldos, apoyos o dádivas. Todo era parte del gasto gubernamental: si había, que se gaste. ¿Y si sobra? También.  Fueron reformas legales y políticas internacionales las que detuvieron eso para dar paso a una política de publicidad en el uso de los recursos públicos: lo que se gaste que se compruebe. De ahí la creación de los órganos fiscalizadores y garantes de que la ciudadanía pudiera acceder a esa información. Independientes de todo interés y poder, pero sí con recursos del Ejecutivo, el INAI o CEGAIP, entes nacional y estatal respectivamente, nacen de esta necesidad. El hecho entonces de que se pretenda eliminar estos organismos autónomos bajo el argumento de su corrupción implica un retroceso en la vida democrática de nuestro país. Sí necesitan revisarse a fondo, a fin de que se cuide su esencia. Pero de eso a que todo en sí sea malo, es otra cosa. Así no se construye una República.