El 2025 pinta como un año determinante para San Luis Potosí, especialmente en tres zonas clave: la Capital, Soledad de Graciano Sánchez y la delegación de Villa de Pozos. A simple vista, hay señales positivas de crecimiento económico y expansión urbana, pero también aparecen desafíos urgentes que deben abordarse con responsabilidad y participación ciudadana y de las instituciones reales, no simuladas. En Villa de Pozos, la reciente impugnación del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 no solo exhibe un posible error técnico, sino una omisión democrática: la falta de una consulta pública adecuada. Que un juzgado federal haya admitido el amparo no es poca cosa; es una llamada de atención para quienes creen que planear el futuro de una comunidad se hace desde el escritorio y no desde el territorio. El desarrollo no puede seguir siendo un documento PDF que nadie lee y mucho menos discute y palpa en el cambio de las vidas de los pobladores. Mientras tanto, Soledad de Graciano Sánchez presume avances. Inversiones como la de Grupo FEMSA prometen empleo y actividad económica; además, hay esfuerzos por atender a connacionales que regresan de Estados Unidos, lo cual es aplaudible. Sin embargo, el crecimiento económico sin planeación urbana ni servicios públicos a la altura puede ser una receta para el caos. No basta con atraer capital; hace falta asegurarse de que la gente viva bien donde trabaja. San Luis Capital y su zona conurbada, en sus diferentes frentes, necesita un nuevo pacto urbano. Uno donde el diálogo con la ciudadanía deje de ser un trámite y se convierta en el punto de partida. Las ciudades no solo deben crecer, deben hacerlo con transparencia, equilibrio y visión de largo plazo. Porque si el desarrollo no mejora la vida de quienes lo habitan, ¿entonces para quién es? ¿Quién cuida el corazón de la ciudad?

La inseguridad en el Centro Histórico de San Luis Potosí ya no es una anécdota aislada: se ha convertido en una constante que avanza con una preocupante normalidad. Que los delincuentes operen con tanta audacia —en pleno día, en calles transitadas y sin temor a ser detenidos— es señal de una falla grave en la estrategia de seguridad y de una alarmante permisividad institucional. Las reacciones evidencian una frustración compartida por muchos comerciantes: la falta de respuesta efectiva por parte de la Fiscalía y la dificultad para llevar una denuncia a buen puerto. Cuando las víctimas sienten que el sistema las abandona, el tejido social se erosiona y la confianza se pierde. Más allá de la pérdida de dinero o mercancía, lo verdaderamente alarmante es el riesgo al que están expuestas las personas pues un intento de asalto puede escalar en segundos y poner en peligro la vida de empleados, clientes o incluso transeúntes. No podemos aceptar que abrir un negocio en el Centro implique jugarse la vida cada día, ya que la vida humana no puede quedar supeditada a la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad.

    ¡Hasta mañana!