No hay día que en San Luis se tema el cumplimiento de amenazas por parte de grupos sociales, sindicatos, ciudadanía inconforme en general, quienes, al verse fallados por las autoridades en sus demandas y peticiones, busquen las alternativas violatorias a la ley: el bloqueo. La carretera 57, una de las arterias de comunicación mas importantes de México, poca cosa, es la principal rehén y sus resultados catastróficos: perdidas millonarias en la industria y productividad, retardos en las escuelas y hogares o el fin trágico de una emergencia médica. No ha habido gobernante que tome la ley por la mano y la justicia en la otra y sea capaz de imponer el estado de derecho tanto para el que la viola como para el que lo sufre injustamente. Ninguno. Siempre van por delante los “afectos políticos” e intereses de cada 3 o 6 años por buscar estar en paz con los inconformes a jugarse el desprestigio de ser etiquetado como represor, o la falta de valor, así de fácil, para la aplicación de la norma. ¿Y quienes pagan?. La reciente toma de protesta del Consejo Ciudadano de Seguridad en donde participa la Alianza Empresaria puede tornarse, al menos en el nombre positiva, pues los intereses del sector productivo tendrán voz y voto en sus decisiones. Si es que de verdad los escucharan. Fue uno de ellos, Juan Puente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, quien aseguro se tomo ya la decisión dentro del Consejo: “Un bloqueo y será la fuerza pública quien resuelva”. De ser así y de verdad la autoridad los escuchará y atenderá este reclamo general: bien.

Si no, permítanos aconsejarles señores consejeros del Consejo Ciudadano de Seguridad -empresarios y sociedad civil- no pierdan su tiempo. Hasta el lunes…