ADMINISTRACIONES PASARON y no hicieron frente a una situación que era poco más que una peligrosa olla exprés, costando lo que podría representar una buena parte del presupuesto se afrontó el quebranto en la Dirección de Pensiones por parte del actual gobierno. 

El fondo de pensiones no reluce, no da foco, pero si éste se desfonda el daño será mayúsculo, no sólo para burocrátas, sino para todo el Estado.

Siendo así, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez y el director de Pensiones del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, dieron a conocer los acuerdos tomados para los cuatro fondos que integran la nómina de las y los pensionados, y superar así la contingencia financiera provocada por la mala administración de los recursos y el desvío que realizaron los gobierno cuando menos de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras - sí una raya más al tigre-.

La cifra no es menor: 12 mil 630 millones de pesos, con transparencia se explicó la dispersión, y el cumplimiento con un sector que vio afectados sus proyectos por gobiernos que creyeron podrían irse a descansar sin más, pero no, el resarcimiento del daño es algo con lo que también se comprometió el gobierno actual, y del cual se ha tenido ya resultados.

OJO CON LA LIBERTAD DE PRENSA. El Congreso de San Luis Potosí incorporó recientemente tres nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial al Código Penal estatal, apenas una semana después de presentada la iniciativa. La medida busca regular la creación y difusión de deepfakes y otros contenidos digitales que imiten la voz o imagen de personas sin consentimiento. Aunque la intención declarada es proteger la reputación y la privacidad, el dictamen fue aprobado con votos divididos y evidentes dudas técnicas sobre su alcance y aplicación.

Entre las disposiciones, el artículo 187 Ter establece hasta tres años de prisión para el uso no autorizado de la imagen o voz de alguien mediante IA, además de sanciones por difusión intencional de desinformación o manipulación institucional. Sin embargo, las excepciones para fines periodísticos, académicos, artísticos o de crítica política resultan ambiguas y dejan un espacio amplio para la interpretación, generando inquietud en colectivos de prensa, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre la potencial censura de contenidos críticos o de investigación.

La rapidez con que se aprobó la reforma y la forma en que se comunicó su entrada en vigor evidencian una falta de debate público profundo. La pregunta que permanece es clara: ¿protegerá realmente a los ciudadanos o terminará limitando el ejercicio periodístico y la investigación independiente en San Luis Potosí? Mientras los legisladores celebran la iniciativa, los críticos advierten que la norma podría convertirse en un arma de restricción más que en un instrumento de protección, dejando a la ciudadanía y a la prensa en un terreno de incertidumbre jurídica.

¡Hasta mañana!