La desaparición de los organismos constitucionales autónomos representa un retroceso significativo en términos de control democrático y especialización de la gestión pública, señala en entrevista el politólogo Fernando Barrientos del Monte, profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG).
Estos órganos, como la Comisión de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), fueron concebidos en el contexto de la transición a la democracia en México y otros países; y surgen para garantizar que ciertas funciones especializadas y de control queden al margen de la dinámica política partidista, a cargo de profesionales capacitados para controlar y equilibrar los poderes elegidos, como el ejecutivo, legislativo e incluso el judicial:
“Tienen una función central, que es controlar a los otros poderes. Esta dinámica de creación de órganos considerados autónomos no solamente en México, sino en otros países, principalmente en América Latina, aparecen en el contexto de la transición y consolidación de la democracia”.
El académico, comentó que la eliminación de estos órganos, en un proceso fast track, votado en menos de 10 días en ambas cámaras del Congreso de la Unión a finales de noviembre del 2024, carece de un diagnóstico serio que justifique su extinción, según explica el experto. Argumentos como la austeridad son insuficientes y cuestionables, pues los “ahorros” serían mínimos, sobre significativas pérdidas en las capacidades institucionales y ciudadanas.
“Considero que la desaparición de los órganos constitucionales autónomos sí es un retroceso porque no parten de un diagnóstico serio, y razones fundadas, que nos digan cuál de los siete organismos constitucionales autónomos no estaban funcionando bien. Otra cosa es la corrupción que es diferente, y no se ha comprobado que sean corruptos, o que sean ineficientes”, indicó.
Como señala el profesor Fernando Barrientos, la democracia no solo se trata de realizar elecciones, también de fortalecer instituciones que aseguren transparencia, eficacia y rendición de cuentas.
“Las mayorías es cierto que han sido votadas por la ciudadanía, pero una mayoría incluso votada no la habilita para cambiar radicalmente la estructura del Estado, deberían existir otros mecanismos, desafortunadamente no los tenemos y ese es un déficit de nuestra democracia”.
Por lo que, otro de los aspectos que analiza el doctor en Ciencia Política, es que el regreso de estas funciones al poder ejecutivo, en áreas como la evaluación educativa, distribución de las energías, telecomunicaciones y transparencia, sobre todo en esta última, compromete la imparcialidad y profesionalismo de un estado democrático.
“Uno de los valores de la democracia también es la transparencia, entonces eliminar al INAI y pasar estas funciones a la Secretaría de la Función Pública, creo es un retroceso, porque precisamente se creó con esa función para que la ciudadanía tuviésemos una mayor capacidad de control a través de solicitar información qué hace o qué dejaba de hacer el gobierno”.
Los primeros impactos analizados por el investigador de la Universidad de Guanajuato señalan un retroceso en materia de transparencia, ya que comentó los últimos gobiernos han utilizado el concepto de seguridad nacional para evadir la rendición de cuentas, por lo que la desaparición de organismos que obligaban a la transparencia complica el panorama.
Asimismo, se anticipa a repercusiones en la confianza de socios comerciales, pues estos organismos ofrecían certeza jurídica clave para inversiones, especialmente en el marco del T-MEC, lo que ha generado algo de descontento en Estados Unidos y Canadá, países socios que incluso han pedido sacar a México del tratado: “Difícilmente va a suceder, pero sí es una forma de expresar un descontento de este retraimiento de un estado democrático, porque estamos viendo en realidad una mayor concentración de poder”.
También se prevén afectaciones en sectores como las telecomunicaciones, electricidad y educación, donde el traslado de funciones a dependencias gubernamentales sin la capacidad técnica adecuada limitará la evaluación y mejora de políticas fundamentales para el desarrollo del país.
“El problema en nuestro país, lo vimos en el sexenio pasado que la profesionalización de la administración pública ha ido en caída. Además, los gobiernos actuales no son muy propensos a fomentar la profesionalización, prefieren lo que dijeron, lealtad antes que eficiencia, y eso es muy malo para la democracia. Sin estos órganos, que al menos eran altamente profesionalizados, y una administración pública en la cual no es la profesionalización la carta de presentación, entonces no tenemos un buen futuro”.
Ante la eliminación de estos órganos, señaló que, una posible solución sería invertir en la profesionalización de la administración pública mediante la mejora de las condiciones laborales, un diseño institucional más eficiente y la reasignación de funciones altamente especializadas y específicas que permitan brindar los servicios que anteriormente realizaban dichos organismos. Sin embargo, advirtió que no se observa algún esfuerzo encaminado en dicha dirección, al solo plantearse absorber las funciones sin un diagnóstico previo ni una propuesta viable.
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El profesor, también integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Fernando Barrientos del Monte es Doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia. Maestro en Relaciones Internacionales Europa América Latina por la Universidad de Bolonia; y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.
