JIMÉNEZ DEL TEÚL: Por medio de un comunicado la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) realizó una denuncia por violaciones a Derechos Humanos en la comunidad de Atotonilco, en el municipio de Jiménez del Teúl. Se establece que en las comunidades del municipio de Jiménez del Teúl llevan 10 años luchando contra el proyecto de la presa Milpillas, que pretende captar 47 Mm3/año de agua, contribuyendo a solucionar el problema de abastecimiento del agua en el estado; pero que fue demostrado por varios estudios no ser viable, agudizando la problemática del agua en la entidad y afectando de manera irreversible a las comunidades donde quedaría instalada dicha presa. Sandra Miranda Ortega es una de las personas lideresas de la lucha en contra de la presa, una de las fundadoras del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco que agrupa a los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como a personas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul. Como defensora de derechos humanos se ha destacado por apoyar siempre a la comunidad, a las personas con discapacidad y a personas enfermas, trasladándolas en su camioneta al hospital, dando orientación para trámites ante instituciones. En el período de 2019-2021, fue elegida por la comunidad para ser Delegada. Desde 2018 a la fecha ha defendido el territorio contra la instalación de la presa Milpillas.

HECHOS El pasado 18 de agosto de 2025, la defensora de derechos humanos, de la tierra y el territorio en Zacatecas, Sandra Miranda Ortega, compareció ante el juez comunitario del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, en un careo con la C. Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras públicas de dicho municipio.

Este encuentro tuvo como objetivo esclarecer las declaraciones realizadas por la funcionaria, en las que vincula a la defensora con un presunto acto de compraventa de terrenos que realizaron otras personas sin la participación y consentimiento de la defensora, además, según testimonios esta compraventa se efectuó bajo presiones e intimidaciones, con el argumento de que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta. Las declaraciones de la funcionaria pública, y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos. A estas declaraciones se suman la difusión de un documento y fotografías de las personas implicadas que según la propia Liliana Herrera obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, mientras las fotografías le fueron proporcionadas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, Susana Rodríguez Márquez (SAMA). El documento de transacción y la fotografía se ha divulgado principalmente dentro del Ejido de Atotonilco, acompañado de difamaciones en una franca acción dolosa para armar una campaña de odio contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde hace 10 años. Durante el careo, Iliana Herrera, incriminó a la defensora bajo la falsa acusación de estar impidiendo que personal de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) entre a la comunidad a otorgar beneficios; cuando se trata de una decisión de las y los ejidatarios. Este tipo de prácticas no solo ponen en riesgo la seguridad de quienes defienden la vida y el territorio, sino que también erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia y resistencia que ellas sostienen. Durante el careo, la defensora solicitó formalmente que se desvincule su nombre de dicha transacción, recordando que los señalamientos infundados vulneran la integridad de quienes defienden derechos humanos y obstaculizan su importante labor. Cabe señalar que el 23 de julio del presente, a través de la regidora, Joana Cristina Torres Gallegos, le fue entregado a la CONAGUA un documento del Comisariado Ejidal donde le prohíbe entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. Sin embargo, contraviniendo dicho documento Ejidal, la CONAGUA ha entrado en vehículos particulares acompañados de trabajadoras (servidoras de la nación), violentando la decisión de las y los ejidatarios. Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio. En el comunicado también se denuncia que la citada funcionaria de SAMA ha estado hostigando a través de su personal al delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, insistiendo en concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas por la madrugada, hechos que constituyen formas de presión e intimidación. Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años. REMA hace responsable a Susana Rodríguez y al Gobierno del Estado de Zacatecas por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos. A estos hechos se suma la difamación y hostigamiento contra la defensora Sandra Miranda Ortega por parte del presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, quien el pasado 14 de agosto acudió a la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, utilizando de nueva cuenta la venta realizada por familiares de la defensora como argumento de presión, creando así un ambiente de desconfianza y división con información que no tenía por qué ser divulgada. El comunicado se denuncia lo siguiente:

1. La vulneración a la privacidad y seguridad de las familias afectadas. 2. Las acciones de hostigamiento, persecución y criminalización contra los defensores de derechos humanos Sandra Miran Ortega y Adrián Ramos Torres, por parte de Iliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez del Teul, y la Dra. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas. 3. El uso de intimidaciones, coacción, difamación con dolo, por parte de autoridades federales, estatales y municipales para imponer el proyecto de la presa Milpillas. También se exige:

Cesar de manera inmediata los actos de hostigamiento y difamación contra los defensora de derechos humanos Sandra Miranda Ortega y Adrián Ramos Torres, así como a cualquier integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, orquestados por los titulares de las dependencias municipales y estatales. Garantizar la seguridad e integridad física y moral de Sandra Miranda Ortega, Adrián Ramos Torres y de los demás integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. De manera general, adecuar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México. La intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de organismos internacionales de derechos humanos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente, se hace un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico. Con información de NTR Zacatecas