Desde la semana pasada elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional comenzaron a aplicar revisiones aleatorias a pasajeros en el transporte público, con al menos dos casos documentados en el polígono de la 10 de mayo, reportó el Periódico Correo. Las dos revisiones han ocurrido en camiones de la ruta L-20, la primera ocurrida el martes y la segunda el jueves. En ambos casos los testigos narraron que los militares obligaron al chofer a detenerse y pidieron a todos los hombres bajar de la unidad, alegando una inspección de rutina. El presidente de la Coordinadora de Transporte de León, Daniel Villaseñor Moreno, confirmó las inspecciones a los camiones de pasajeros, aunque dijo desconocer a qué se debieron, ya que la SEDENA nunca les informó de los operativos. “Es un tema que nos sorprendió mucho, es inédito al menos en los 23 años que tengo en León nunca se había dado. Y no nos toca decir si está bien o mal, nosotros siempre estamos coadyuvando con las autoridades, el que nada debe nada teme, no pasó a mayores y si esto sirve para la seguridad pues bienvenido” respondió al respecto. León pide no poner en riesgo a usuarios del transporte público

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que el municipio tampoco fue informado de estos operativos, ya que éstos no se llevaron de forma coordinada con las autoridades locales. Tras enterarse de los cateos a pasajeros, sin embargo, solicitaron un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con un llamado a no poner en riesgo a los usuarios del transporte con estas revisiones. “Vimos a través de la prensa, y sobre todo la preocupación de los ciudadanos porque no estamos habituados a que paren en pleno viaje. Al principio había desconcierto porque no sabían si iban por una persona, pero entiendo que ya van dos y se va a estar pidiendo información, y sobre todo que no pongan en riesgo a los propios ciudadanos” expresó.

Jiménez Lona también calificó de “complicadas” a estas revisiones, reconociendo que solo son legales si existiera una alerta previa contra una unidad determinada. “Si hubiera una alerta de llamada sí (es legal) pero en estas circunstancias sí es complicado y sobre todo riesgoso para quien va en la unidad. Y si algún ciudadano se siente afectado, pues un amparo” añadió. La directora de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que ese tipo de intervenciones de las fuerzas militares son violatorias a derechos humanos, ya que infunden temor entre la población y la ponen en un riesgo aún mayor, por lo que las tareas deberían de ser realizadas solamente por autoridades civiles. “Eso no debe ocurrir, mucho menos por parte de autoridades militares que claramente ponen en mayor riesgo a las personas que están adentro de las unidades. No tienen derecho a hacer detenciones adentro de instalaciones ni unidades de transporte público si no hay un delito que se esté cometiendo en ese momento ni tienen orden de aprehensión. Y por supuesto que pueden poner una queja” puntualizó. Con información de Periódico Correo