El gobierno de Perú decretó el lunes un estado de emergencia en la capital por 30 días, durante los cuales se restringirán varios derechos constitucionales y se desplegará a las fuerzas armadas, después de que el cantante de un popular grupo de cumbia fue asesinado en medio de la ola de violencia que azota al país. La decisión, que entra en vigor este martes, restringe la libertad de reunión en interiores o lugares públicos, así como el libre tránsito. También faculta a las fuerzas de seguridad para ingresar a cualquier residencia sin la necesidad de un permiso judicial, o detener a una persona sin contar con una orden de un juez. No es la primera vez que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte implementa este tipo de medidas. Varios distritos de Lima estuvieron bajo orden de emergencia entre septiembre y diciembre del año pasado, cuando se registraron una serie de manifestaciones debido al alto número de extorsiones en el país. A pesar de las restricciones, la tasa delictiva permaneció en una cifra elevada, por lo que los expertos no creen que sea de utilidad. La decisión del gobierno se produce horas después de que varios grupos políticos presentaron tres pedidos para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez por no tener “medidas concretas y planes estratégicos” para enfrentar la ola de criminalidad. Las mociones de censura contra el ministro fueron ingresadas a trámite tras alcanzar 33 votos entre los 130 miembros del Parlamento unicameral. La censura podrá ser sometida a votación a partir del jueves. Se requieren al menos 66 sufragios para forzar la renuncia del funcionario. Tanto el gobierno como el Legislativo reaccionaron mientras se velaba a Paul Flores, vocalista del grupo Armonía 10, en la ciudad de Piura, en el norte del país, después de que fue asesinado a balazos el domingo en Lima. El funeral del músico de 39 años se realizó en su casa, a donde se ha presentado un gran número de personas. Otros grupos musicales se preparan para interpretar melodías muy cerca de su féretro, antes de que sea sepultado el miércoles. Flores recibió dos disparos cuando desconocidos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el autobús en que viajaba el grupo musical. Tras su muerte, otros grupos de cumbia se quejaron de la inseguridad que viven a causa de las extorsiones. No fue el único acto de violencia del fin de semana. El sábado, una explosión en las inmediaciones de un restaurante capitalino dejó 11 heridos, y el domingo se activó una bomba lacrimógena dentro de una discoteca en la ciudad de Chiclayo, lo que dejó ocho personas lesionadas, según la policía. Una de las solicitudes de censura indica que existe una “alarmante falta de dirección” en el Ministerio del Interior, “inexistencia de trabajo en inteligencia” y falta de capacidad operativa para enfrentar “la grave crisis de inseguridad”, la cual ha derivado en 459 asesinatos en lo que va del año, según datos oficiales. Las extorsiones se han incrementado en los últimos años. En enero hubo mil 909 denuncias por extorsión, según cifras de la policía. El ministro respondió el domingo que no piensa renunciar y que acudirá al Parlamento a exponer todo el trabajo que ha realizado con la policía. Santiváñez, quien antes era abogado de policías que enfrentaban problemas con la ley, es investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. El fallecimiento del cantante obligó a actuar a grupos políticos que durante meses se resistieron a otorgar sus votos para censurar al ministro del Interior. El partido Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, pidió la censura del ministro. El alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del grupo legislativo Renovación Popular, declaró que la gestión ministerial ha sido “pésima”, a pesar de que apenas en diciembre la había elogiado. Durante una visita a una escuela, la presidenta Boluarte comentó que estaba “pensando seriamente en la pena de muerte” para los extorsionadores, pero no dio detalles. No es la primera vez que la mandataria sugiere la aplicación de la pena capital. En diciembre, también planteó se use para los violadores de niños luego que una adolescente de 12 años fue violada y asesinada. Un 87% de los peruanos considera que el ministro del Interior debe dejar su cargo, y un 74% piensa que la delincuencia se ha incrementado en Perú, según una encuesta nacional realizada el mes pasado por la firma Datum Internacional y publicada por el diario El Comercio. Con información de Latinus.