El ausente comisionado del instituto, Francisco Garduño tendría que hacerse a un lado para permitir una investigación profunda, pronta y transparente. ¿Qué confianza puede haber en él? Ante lo dantesco del horror, ¿qué decir? Las palabras no alcanzan para describir. No bastan los adjetivos para narrar la tragedia que representa que 39 personas migrantes hayan muerto en un incendio dentro de instalaciones del gobierno mexicano, mientras eran vigilados por el propio gobierno. Elementos federales atestiguaron la desesperación, y huyeron de ella. Dejaron encerradas con candado a decenas de personas mientras el fuego se propagaba en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua Fue el Estado, no hay duda. Los 39 migrantes muertos estaban bajo resguardo -¿custodia?- del INM. ¿Por qué los dejaron encerrados mientras el fuego se propagaba? ¿Quién dio la orden? ¿Quién es el responsable? Claro que hay culpa en quienes estaban del otro lado de la reja y no la abrieron, pero ¿qué hay de las cabezas institucionales? El ausente comisionado del Instituto, Francisco Garduño tendría, por pudor, que hacerse a un lado para permitir una investigación profunda, pronta y transparente. ¿Qué confianza habrá mientras él esté, si a 72 horas de la tragedia ha sido incapaz de dar la cara? En el reparto de culpas, el lucro político encuentra espacio. ¿De quién depende el INM, jurídicamente? ¿A quién reporta Garduño? Más allá de grillas y por encima de la raja que algunos buscan sacar, hechos; documentos; la ley. De acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial el 26 de octubre de 2012, que crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria (CCPM), Gobernación lidera el diálogo interinstitucional para impulsar acciones y programas que atiendan las diferentes dimensiones de la migración en México. La última sesión fue el 23 de marzo de 2023. Según el Decreto publicado en el DOF, el 19 de septiembre de 2019, que crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), la Cancillería funge como “instancia coordinadora de los programas y acciones de las autoridades mexicanas con competencia en materia migratoria”, pero no suple o asume las facultades de dichas autoridades. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la conducción de la política migratoria y de movilidad humana corresponde al Ejecutivo, por conducto de Gobernación. En su artículo 27, fracción V -firmada el 9 de septiembre de 2022 por el actual secretario Adán Augusto López- se establece que a la Segob corresponde “formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes”. ¿Entonces, qué dependencia es la responsable de la tragedia protagonizada por el Instituto Nacional de Migración? En la Tercera Reunión Ordinaria del CCPM, la titular de la Unidad Política Migratoria, Rocío González Higuera, señaló que la política migratoria sigue a cargo de Gobernación y no se ha transferido responsabilidad a otra instancia. En la misma reunión, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sostuvo que la CIAIMM no invade la esfera de atribuciones de las instituciones que atienden este fenómeno. La responsabilidad parece delimitada. ¿Habrá consecuencias?  POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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