Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al Congreso del Estado de San Luis Potosí un plazo de 20 días hábiles para acreditar avances y presentar un cronograma detallado para las consultas obligatorias a pueblos indígenas y personas con discapacidad, la presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, Sara Rocha Medina, aseguró que los trabajos se realizan en coordinación con el máximo tribunal del país.

La legisladora afirmó que existe una comunicación permanente con la Suprema Corte y rechazó que haya una confrontación entre ambas instituciones. "No estamos separados, sino al contrario", expresó, al señalar que el Congreso mantiene mesas de trabajo para construir el cronograma solicitado.

Rocha Medina recordó que el principal obstáculo para desarrollar las consultas ha sido la insuficiencia presupuestal destinada específicamente a este proceso. En ese sentido, indicó que el área jurídica del Congreso continúa trabajando de manera conjunta con la SCJN y precisó que hasta el momento se han celebrado cinco reuniones, mientras que una sexta está prevista en los próximos días.

Explicó que el objetivo es elaborar un protocolo sólido que cumpla con todos los criterios establecidos por la Corte y evite que vuelva a ser invalidado, como ocurrió el año pasado.

La presidenta de la Directiva informó además que la última solicitud de recursos presentada hace aproximadamente un mes proyecta un presupuesto de entre 15 y 18 millones de pesos, monto que permitiría llevar a cabo las consultas conforme a los lineamientos establecidos. Confió en que el tema presupuestal pueda resolverse en breve para iniciar tanto la gestión de los recursos como la realización de las consultas.

Respecto al plazo fijado por la SCJN, luego de que el tribunal advirtiera que el incumplimiento podría derivar en multas de hasta 14 mil 77 pesos para la presidencia de la Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rocha Medina sostuvo que el Congreso ha atendido los requerimientos del máximo tribunal.

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La legisladora concluyó aclarando: "No hay un plazo fatal; teníamos un plazo fatal para contestarle a la Suprema Corte, le contestamos lo que nos pidió y, en función de ello, estamos trabajando”.