El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) entró en un cierre parcial este sábado tras no alcanzarse un acuerdo presupuestal en el Congreso. La falta de consenso entre demócratas y republicanos gira en torno a la política migratoria y los controles a las agencias federales de inmigración.

El financiamiento temporal venció sin que el Senado lograra aprobar una extensión. Hasta el momento, no existe una fecha definida para la reapertura total de la dependencia.

El conflicto político se centra en las exigencias del Partido Demócrata para imponer mayores controles operativos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las demandas surgen tras la muerte de los civiles Alex Pretti y Renee Good durante manifestaciones en Minneapolis, Minnesota, hecho que intensificó el debate sobre protocolos de actuación y uso de la fuerza.

Entre las principales exigencias demócratas destacan.

La obligación de que los agentes operen con el rostro descubierto.

El uso visible de identificaciones oficiales.

La implementación obligatoria de cámaras corporales.

La adopción de un código de conducta más estricto.

El jueves previo al vencimiento presupuestal, el Senado no logró aprobar una iniciativa republicana que pretendía financiar al DHS hasta septiembre, debido a la oposición en bloque de los demócratas.

No es un cierre total del gobierno

A diferencia de cierres federales previos, el impacto actual está acotado exclusivamente al DHS. El resto del gobierno federal mantiene financiamiento aprobado hasta el 30 de septiembre.

De acuerdo con datos oficiales del propio departamento, aproximadamente el 90% de sus 270 mil empleados son considerados esenciales, por lo que continuarán trabajando sin interrupción operativa inmediata. Sin embargo, dejarán de recibir salario si el cierre persiste más allá del 18 de febrero, fecha programada para el pago correspondiente a las dos primeras semanas del mes.

Paradójicamente, las agencias que detonaron el desacuerdo político son las que presentan menor vulnerabilidad financiera inmediata.

En el plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump para 2025, se asignaron aproximadamente 75 mil millones de dólares adicionales a ICE para gastos operativos. Por su parte, la CBP recibió partidas extraordinarias estimadas entre 60 y 70 mil millones de dólares.

Esto implica que las operaciones migratorias, detenciones y deportaciones podrían continuar casi sin interrupciones, incluso bajo el cierre parcial.

Impacto en aeropuertos y fronteras

La Administración de Seguridad en el Transporte Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantendrá operativos cerca del 95% de sus trabajadores clasificados como esenciales. Los controles en aeropuertos y la revisión de pasajeros seguirán activos.

No obstante, el personal trabajará sin recibir salario mientras dure la paralización presupuestaria, lo que podría generar ausencias y retrasos si el conflicto se prolonga.

En la frontera, los controles e inspecciones continuarán bajo el mismo esquema de trabajadores esenciales sin pago temporal.

La situación será más compleja para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera de Estados Unidos Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Estados Unidos Servicio Secreto de Estados Unidos.

Aunque las misiones críticas —como rescates, respuesta a desastres y protección presidencial— continuarán, se verán afectados.

Entrenamientos programados.

Viajes oficiales.

Operaciones administrativas y rutinarias.

Reembolsos federales a estados por emergencias.

En el caso de FEMA, un cierre prolongado podría limitar la capacidad de respuesta administrativa ante huracanes, incendios u otras contingencias.

El Congreso no tiene programada una sesión inmediata para retomar el debate presupuestal, lo que deja el cierre en una condición indefinida.

El desenlace dependerá de que la Casa Blanca y los legisladores demócratas alcancen un acuerdo sobre las restricciones operativas a ICE y CBP. El entorno político permanece altamente polarizado, lo que complica una resolución rápida.

Para México, el punto clave es que la aplicación de la política migratoria estadounidense no se detiene. Las detenciones, procesos de deportación y controles fronterizos seguirán activos mientras las agencias cuenten con recursos previamente asignados.

El cierre parcial no representa, por ahora, una pausa en la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.

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Con información de Excélsior