El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, durante su sesión ordinaria número 74, un dictamen que reforma el artículo 164 del Código Familiar para establecer que el derecho a recibir alimentos desde el nacimiento y durante la niñez es imprescriptible, además de ampliarlo de por vida para personas mayores de edad con discapacidad total.

La diputada Gabriela López Torres, quien presentó la iniciativa, explicó que el concepto jurídico de alimentos no se limita únicamente a la alimentación, sino que abarca aspectos esenciales como salud, vivienda, vestido, educación y esparcimiento, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la reforma responde a la necesidad de evitar que personas que no recibieron pensión alimenticia en su infancia pierdan el derecho a reclamarla posteriormente, al considerar que no existe una justificación válida para excluirlas una vez alcanzada la mayoría de edad. En ese sentido, destacó que la medida busca fortalecer el interés superior de la niñez y reparar derechos vulnerados en etapas tempranas de la vida.

El dictamen establece que los alimentos generados desde el nacimiento y durante la minoría de edad no prescriben. No obstante, aquellos que se generen y no sean cubiertos durante la vida adulta sí estarán sujetos a prescripción, la cual comenzará a contar una vez que concluya la obligación alimentaria, con un plazo de cuatro años para ejercer la acción legal correspondiente. Asimismo, la reforma contempla que el derecho a recibir alimentos será imprescriptible en el caso de personas mayores de edad que cuenten con una discapacidad total o que les impida procurarse por sí mismas los medios para subsistir, garantizando así protección permanente a este sector de la población.

López Torres subrayó que esta modificación también atiende una problemática estructural, al reconocer la falta de mecanismos legales que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades parentales, particularmente en materia de paternidad.

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El decreto fue aprobado por unanimidad, con 22 votos a favor, y busca ampliar la protección de los sectores más vulnerables, garantizando su acceso a condiciones de vida digna.