El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmó la suspensión provisional de la obra del viaducto elevado, al resolver un recurso de queja interpuesto por tres funcionarios del gobierno estatal para revocar esta medida cautelar que ya había otorgado la jueza del Tercer Distrito, Margarita Quiñónez Hernández. Este lunes en sesión virtual, el magistrado presidente Ángel Rodríguez Maldonado, así como María Georgina Moreno Rivera y María Catalina Blackaller Dávila, en funciones de magistradas, aprobaron por unanimidad ratificar la suspensión provisional concedida el 11 de marzo en la demanda de juicio de amparo promovida por tres ciudadanos, con la asesoría del despacho del abogado Jorge Rada y Asociados. Con esta decisión judicial, los trabajos del segundo piso seguirán detenidos hasta el 21 de abril cuando la juzgadora federal decida si otorga o no la suspensión definitiva. DESESTIMAN ARGUMENTOS  El pleno desestimó los argumentos jurídicos y agravios expuestos por el coordinador general jurídico del gobierno estatal, Ángel Muñoz Muro, así como por José Luis de la Peña y Susana Rodríguez Márquez, secretarios de Obras Públicas y del Agua y Medio Ambiente, respectivamente, en el recurso de queja urgente 117/2025 para revocar la medida cautelar emitida por la jueza federal. Los funcionarios estatales hacían valer tres agravios: que los ciudadanos quejosos no se ven afectados en su interés general o colectivo con la implementación de la obra. Asimismo, que la jueza se excedió en la ponderación de derechos, al anteponer interés de un particular sobre derechos de interés público, como el derecho a la movilidad y obra pública; y que debió exigirse a los quejosos una garantía para la suspensión provisional. En cuanto a la falta de interés jurídico de los quejosos, la magistrada ponente Blackaller Dávila propuso declarar parcialmente fundado el reclamo y modificar la resolución de la jueza federal respecto a uno de tres ciudadanos, pues éste acreditó plenamente su residencia en la ciudad. Sobre el reclamo de ponderación de derechos, la magistrada afirmó que “son infundados” porque la jueza federal, al considerar de manera preliminar los derechos de acceso a la cultura y patrimonio de la humanidad, así como el de movilidad, valoró que de no otorgarse la suspensión se pondría en riesgo el patrimonio cultural y de la humanidad del Centro Histórico de la ciudad y sus colindancias, derecho que consideró era mucho mayor a cualquier beneficio que pudiera obtenerse con la construcción de dicha vialidad. Los recurrentes [funcionarios], expuso, “se limitan a reiterar el derecho a la movilidad y el beneficio que representa para la sociedad, lo que no está en duda, pero no explican los motivos por los cuales tal derecho debe prevalecer por encima de aquel que la jueza federal consideró relevante o mucho mayor”. María Catalina Blackaller afirmó que aunque las autoridades estatales alegan el enorme gasto (4.5 millones de pesos diarios) que representa la paralización de la obra y que los ciudadanos quejosos debe garantizarlo, “este agravio se califica como ineficaz debido a que si bien el artículo 132 de la ley de Amparo dice que la garantía procede en favor del tercero en que pueda resultar daño con la suspensión, las autoridades responsables no exponen las razones jurídicas porque en su caso procedería la garantía en su favor”. AGRAVIOS, INOPERANTES  En su razonamiento, la magistrada María Georgina Moreno Rivera sostuvo que “es suficientemente claro que los agravios son inoperantes y no controvierte frontalmente todos y cada uno de los argumentos que expresó la jueza de distrito para conceder la suspensión provisional”. Con una argumentación similar, el magistrado presidente el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito afirmó que con esta resolución se confirma únicamente la suspensión provisional de la obra del viaducto elevado y que hasta la audiencia incidental, del 21 de abril, la juez deberá pronunciarse si concede o no la suspensión definitiva. En un video mensaje en sus redes sociales, el abogado Jorge Rada declaró “para la mala fortuna de ellos [los del gobierno], las mujeres resuelven esta queja” y evidencia la falta de conocimiento y negligencia del coordinador general jurídico del gobierno estatal. Ofrece disculpa, pero reitera: hay corrupción Ante el reclamo de colectivas feministas, el gobernador David Monreal Ávila afirmó que puede ofrecer una disculpa por las acusaciones desde el gobierno del estado contra la jueza federal Margarita Quiñónez Hernández, quien ordenó la suspensión provisional del segundo piso; sin embargo, reiteró que “hay juezas corruptas”. El mandatario señaló presunta corrupción en la decisión de la juzgadora en el juicio de amparo que promovió un grupo de ciudadanos contra el viaducto elevado, mientras que otros funcionarios estatales cuestionaron los procesos e incluso que habría una “complicidad política” o “relación personal” con quien promovió la demanda, asesorada por el despacho Jorge Rada y Asociados. “La disculpa se puede ofrecer, nos disculpamos si hubo alguna mala expresión de parte del gobierno. Lo que no podemos dejar pasar por alto y la expresión que se hizo es que en este país, a través de la historia, hay juezas corruptas. Eso hay que no solamente expresarlo, denunciarlo, y tiene que hacerlo sea hombre, mujer, joven, abuelito”, insistió el gobernador. Al hablar sobre la jueza tercera de Distrito, Monreal Ávila consideró que “no puede ampararse el actuar al amparo de una lucha legítima”. Y aunque reconoció que hablaba de “juezas corruptas”, acotó con que “las menos son las mujeres, por eso la enorme confianza en la mujer”. Habló del reconocimiento de este sector “en la vida pública, económica, social”, así como del “abandono, la desigualdad y la exclusión”. Sin embargo, recalcó que la función y la responsabilidad pública recae en ambos géneros, pues “no por ser mujer la va a excluir y no es bueno para la propia mujer que se quisiera escudar o amparar”. Asimismo, el gobernador refirió que en menos de una década “ha crecido exponencialmente la participación de la mujer en la delincuencia, ahora de cada 10 detenidos hay tres mujeres”. Lamentó que la participación de este sector en delitos de alto impacto también incrementó a tal grado que en los centros de readaptación social la población femenina creció exponencialmente. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

“También la mujer debe de respetar al hombre y debe respetar al ser. El desarrollo de los pueblos obedece al respeto, al imperio de la ley y a que todos nos rijamos bajo el mismo marco jurídico y bajo las mismas responsabilidades. Ésa es la democracia y ésa es la responsabilidad pública”, concluyó.

Con información de NTR Zacatecas