DURANTE EL GOBIERNO de Carlos Salinas de Gortari se incrementaron las concesiones para la explotación de agua: en 75 años se habían entregado 2 mil 600, pero a partir de 1992 se dieron más de 360 mil. El próximo lunes está prevista la firma del Acuerdo Nacional para el Manejo del Agua. Ahí sí se trazará la hoja de ruta para lograr los objetivos del Plan Nacional Hídrico que presentó ayer Claudia Sheinbaum. El asunto no es menor: como la energía y la seguridad, la disponibilidad de este recurso finito es fundamental para la atracción de inversión y sostenibilidad del nearshoring. El acuerdo llega con la espada de Damocles que implica la propuesta de reforma al Artículo 27 Constitucional que envió en febrero Andrés Manuel López Obrador y que prohíbe más concesiones a privados, lo que es otra violación a los compromisos adquiridos en el T-MEC. También, frente a una lucha ideológica entre radicales y técnicos de la 4T, donde los primeros acusan a los gobiernos neoliberales encabezados por Salinas de Gortari de beneficiar a privados con leyes que los llevaron a abusar de las concesiones, hasta “acabar” con el agua. Digamos que ese es el contexto en el que semanas atrás varios operadores del gobierno de Sheinbaum, encabezados por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, han sentado a unas 24 industrias para dar forma al acuerdo que será la base del Plan Nacional Hídrico 2025-2030. Por el sector industrial apunte a los embotelladores de Coca-Cola, que preside aquí Luis Felipe Avellar, marcadamente Femsa, que lidera José Antonio Fernández Carbajal, y Arca Continental, que lleva Arturo Gutiérrez. También Heineken que comanda Guillaume Duverdier, Modelo, que conduce Daniel Cocenzo; Constellation Brands, de Bill Newlands; Danone, que dirige Silvia Dávila; Nestlé, que capitanea Fausto Costa, entre otras muchas empresas usuarias intensivas de agua. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Efraín Morales, ha estado platicando con esas compañías a las que ha planteado una “donación voluntaria” de parte de sus volúmenes concesionados. Ya les adelantaron que en la próxima reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales, que es la que maneja la gobernanza del líquido, se eliminará la cuota de garantía. Berdegué se estaría apoyando en esta cruzada con el ex secretario Víctor Villalobos, dado que el campo es el que más consume y desperdicia el agua en sus procesos, algo así como 76% del total. La industria autoabastecida a través de pozos consume solo 5%, el consumo doméstico ocupa alrededor de 14% y la industria eléctrica, con la CFE, que dirige Emilia Esther Calleja, por delante, otro 5%. Este acuerdo también llega cuando el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025 plantea una reducción de 39.4% para la Secretaría del Medio Ambiente, de Alicia Bárcena, que significa que Conagua recibirá 43.68% menos dinero que en 2024. Pero eso es lo de menos: lo que más preocupa es que ahora en la revisión del paquete económico los morenistas, verdes y petistas, en la búsqueda de obtener más ingresos, incrementen los derechos de extracción de agua hasta en 25%. También hay temor de que los volúmenes de cesiones de agua ya no sean ni temporales ni voluntarios, sino forzosos y permanentes, lo que pega a los derechos adquiridos de la industria. El sector privado está preocupado y temeroso, pero nadie dice nada porque aquel que respingue, la Conagua, con la ley en la mano, les puede revocar todas sus concesiones. PUES NADA, CON la novedad de que el propio Poder Judicial detuvo la demanda colectiva que la mismísima presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván, interpuso hace unos días contra Casa Saba, que fuera de Alberto Saba Ades; Casa Marzam, ahora de Luis Doporto, y Fármacos Nacionales, que capitanea José Antonio Pérez Fayad. Resulta que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la CDMX, se declaró incompetente para conocer la demanda y ordenó que se enviara al Juzgado Tercero de Distrito de la misma especialidad para su trámite. Pero resulta también que el juez Víctor Luna tampoco la aceptó y ordenó regresar todo a la primera jueza, Dinorah Hernández, lo que generó que el lunes emitiera una nueva reflexión, abocándose al trámite de los procedimientos correspondientes y los declaró, de momento, improcedentes, bajo el argumento de que la resolución del organismo antimonopolios no ha causado ejecutoria. LOS PROBLEMAS PARA Luis y Mauricio Amodio no terminan. Mientras que en España lograron un acuerdo de renegociación de deuda para no perder la mayoría accionaria de OHLA, en México no han tenido la misma suerte en el negocio de recolección de basura de Caabsa Eagle. Con la llegada de Pablo Lemus al gobierno de Jalisco y los relevos en las presidencias municipales, hay consenso para no renovarles sus concesiones. En Guadalajara ya se decidió dar por concluido el contrato, a pesar de que los hermanos ya impugnaron en tribunales. Se acusan años de fallas en el servicio, operación incompleta de la flotilla de camiones, malas condiciones de los trabajadores, falta de capacitación y un nulo compromiso con el medio ambiente. La única prioridad fue mantener la rentabilidad de este jugoso negocio que compartían desde hace 30 años con su socio y pariente político, Adrián Giombini. LÍDERES INDUSTRIALES DE México, Estados Unidos y Canadá aprovecharon los trabajos de la Segunda Conferencia de Manufactura de América del Norte celebrada esta semana en Ottawa para generar estrategias que permitan superar las amenazas de barreras arancelarias entre los tres países y la posible desaparición del T-MEC. Liderados por Dennis Darby, de Canadian Manufacturers & Exporters; Jay Timmons, de la National Association of Manufacturers, y Alejandro Malagón de la Concamin, destacaron que del acuerdo comercial dependen hasta 94% de las empresas, principalmente para compra de materias primas, bienes intermedios y productos terminados. De la integración de las tres grandes plataformas manufactureras de Norteamérica dependen más de 23 millones de empleos y la producción de 1.5 billones de pesos anuales. AQUÍ LE COMENTÉ hace un par de semanas de la licitación de los vales de fin de año de los trabajadores del gobierno de la CDMX, que encabeza Clara Brugada. El contrato es hasta por un importe de 3 mil 700 millones de pesos y la bonificación que logró a través del mecanismo de subasta inversa la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Juan Pablo de Botton, fue de 4.2%, una buena cifra para las arcas de la capital. Como le anticipé, el ganador fue Broxel, de Gustavo Gutiérrez, que cumplió con los requerimientos técnicos y económicos del proceso, dejando en el camino a Efectivale, que comanda Pedro de la Peña, y a Toka, de Hugo Villanueva. Esta es la tercera ocasión que Broxel gana este contrato. Los dos últimos en el gobierno de Claudia Sheinbaum POR DARÍO CELIS ESTRADA         

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