Con 32 votos en favor, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad reducir hasta 80% las pensiones para extrabajadores de Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Banco de México y otros organismos del sector público.

Tras la aprobación en comisiones, el pleno del Senado dio primera lectura a esa reforma al artículo 127 de la Constitución, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé que en la sesión del miércoles 11 de marzo se discutida en el pleno. 

La reforma tiene el propósito de topar en 70 mil pesos la pensión mensual para extrabajadores de alto mando.

En la discusión en comisiones, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya cuestionó que una persona en Luz y Fuerza del Centro cobre una pensión mensual de un millón de pesos, o que haya más de 300 personas en Luz y Fuerza del Centro que reciban cada mes pensiones de 300 mil pesos.

Sin embargo, cuestionó que Morena no haya permitido hacer cambios al dictamen y advirtió que la reforma es aplicable para la administración pública descentralizada, pero no para la centralizada

Además, planteó dudas porque la reforma tope las pensiones de exfuncionarios al salario de la persona titular del Ejecutivo.

“¿Qué pasa si la siguiente persona que ocupe la presidencia de la República decide bajarse el sueldo a la mitad? ¿Van a bajar todas las pensiones a la mitad? ¿Y entonces va a ser necesario reformar la Constitución?”, cuestionó.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, consideró que en un país donde millones de personas se pensionan con ingresos que no alcanzan para sobrevivir, es indefendible que el Estado pague pensiones millonarias.

Sin embargo, advirtió que la disminución de las pensiones “es un acto retroactivo que viola derechos adquiridos”. 

Indicó que el artículo 14 constitucional es muy claro en que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona.

“Una persona que dedicó 230, 30, 40 años de su vida profesional al servicio público, lo hizo bajo un marco normativo determinado. Con ese marco normativo calculó su retiro, planificó su vejez, organizó sus finanzas con base en compromisos que el propio estado mexicano mediante las leyes y contratos aplicables en su momento. Reducir ahora esa pensión, que ya fue causada, que ya fue devengada, que ya está en curso su pago, representa un incumplimiento unilateral por parte del Estado mexicano”, refirió.

El senador del PT, Alejandro González, dijo que no se transgrede la retroactividad porque la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que es posible llevar a cabo acciones de retroactividad en materia de recursos públicos y organización del Estado.

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, respaldó la reforma, pues consideró que se deben poner límites a los excesos en el gasto público establecidos tanto en los gobiernos del pasado como del presente. Sin embargo, alertó que la reforma contiene elementos que ponen en riesgo el estado de derecho, puesto que representa una retroactividad para los trabajadores.

“Esa es la cuestión. ¿Estamos de acuerdo en sentar un precedente en el que se pueda ejercer la facultad de omitir la retroactividad en perjuicio de personas?”, cuestionó.

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Con información de Latinus