El próximo jueves 29 de febrero, vence el plazo para que los entes obligados en San Luis Potosí, entreguen su Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 al Congreso del Estado, vía la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización. De no hacerlo así, los funcionarios públicos responsables estarían cometiendo el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, ya que quebranta este precepto legal quien teniendo la obligación de presentar la Cuenta Pública, omite presentarla. Lo anterior, conforme a lo establecido por el Código Penal del Estado, que castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público y multa de hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, es sancionable la negativa de entregar información y los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, conforme lo dicta la Ley de Responsabilidades y las leyes penales aplicables. De igual manera, en caso de que los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas, aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Código Penal citado. Cabe señalar que por primera vez y a partir de la emisión de la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, así como de las reformas a la Constitución Política del Estado vigentes a partir del primero de septiembre de 2023, las Cuentas Públicas serán entregadas el último día de febrero del año siguiente al del ejercicio a que correspondan. Es así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; los municipios; las entidades y organismos de las administraciones públicas, paraestatal y paramunicipal; y demás entidades fiscalizadas que establezca el marco legal aplicable, se encuentran en este momento en cuenta regresiva para la entrega correspondiente.