El colectivo feminista Marea Verde emitió un pronunciamiento público para condenar las presuntas agresiones contra manifestantes ocurridas el pasado 15 de abril durante la inauguración de un Tukibosque en el parque de la colonia San Miguel, donde ciudadanos se congregaron para exigir el acceso al agua potable. De acuerdo con el posicionamiento, la protesta —integrada por un reducido grupo de vecinos— fue reprimida por personas identificadas como parte del equipo de seguridad del alcalde Luis Ernesto Munguía, quienes habrían impedido el libre tránsito de los inconformes y ejercido violencia física para dispersarlos. Una de las manifestantes relató que, al intentar acercarse al edil para cuestionarlo sobre la problemática del agua, fue interceptada por varios hombres y mujeres que formaban una barrera humana. “Me empujaban con los codos, me arrancaron los carteles y los rompieron. Incluso golpearon a mi hija mientras la cargaba”, denunció. La mujer explicó que su intención era visibilizar la crisis de desabasto que afecta a su colonia desde hace meses. “Tengo cuatro niños, un adulto mayor y una persona con discapacidad en casa. El agua se va por días o llega de madrugada, y muchas veces sucia. No es justo”, señaló. Según su testimonio, al lograr dirigirse brevemente al presidente municipal, la respuesta fue evasiva: “Aquí no”, le habría dicho, sin ofrecer soluciones concretas. Asimismo, acusó que funcionarios intentaron disuadirla ofreciéndole resolver su caso de manera individual, lo que rechazó al considerar que el problema es colectivo. El colectivo Marea Verde subrayó que estos hechos ocurren apenas días después de que el Ayuntamiento aprobara su adhesión a la Estrategia ALE, un programa estatal orientado a fortalecer la atención y protección de mujeres víctimas de violencia. “Resulta contradictorio que, mientras el gobierno municipal se pronuncia a favor de las mujeres, en los hechos se violente a una manifestante que ejercía su derecho a la libre expresión, incluso en presencia de su hija”, señaló la organización. En su posicionamiento, exigieron que se investigue y sancione a los responsables por vulnerar derechos fundamentales, incluyendo el de la libre manifestación, la integridad de las infancias y la protección de las mujeres. Además, denunciaron que no se trata de un caso aislado, ya que una adolescente que participaba en la protesta también habría sido agredida por un funcionario, hecho que —aseguran— quedó documentado en video. Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades municipales para garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y atender de fondo las problemáticas sociales. “Reprimir la protesta no es la solución. Si realmente buscan el bienestar de las vallartenses, este caso debe traducirse en acciones y no solo en discursos”, concluyeron.