El decreto sobre la regularización de autos chocolate en el país es un golpe peligroso para agencias y vendedores nacionales que, perdiendo competitividad, verán como esta medida afectará a un sector muy debilitado. El Bajío del país se ha destacado por su línea automotriz, la promoción económica hacia proveeduría y construcción de autos, no creo que vea este decreto como algo certero para sus intereses. No solo está en juego la comercialización vehicular, es lógico que si las ventas siguen bajando, el desempleo en fábricas será inminente. El ingreso de manera irregular al país aumentará gracias a esta medida, por medio del pago de un derecho por parte de los dueños, el gobierno tendrá un ingreso adicional que promete utilizarlo para la realización de obra pública. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera esta la decisión como una legalización del contrabando, en pocas palabras, un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando vehicular y un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos. El contrabando automotriz ha aumentado desde que se ha considerado este decreto; las subastas de empresas como la estadounidense Copart permiten el cruce de autos a través de los puertos fronterizos de turistas, con placas falsas, sin pasar la declaratoria formal de salida de EE.UU y no son revisados en México. Los “pasadores” ganan entre US$50 y US$70 dólares por vehículo, pudiendo vender cada unidad bajo el respaldo de organizaciones como UCD o Anapromex. Posiciones a favor y en contra, muchos temen una reducción en la venta de autos formales y con ello un detrimento en su productividad, Coparmex publica en un 20.5% la fuerza automotriz en el PIB nacional, un mercado que debería ser tratado con mucha mayor mesura… otros analizan la propuesta como la posibilidad de captar recurso para la obra pública, arreglo de calles, bacheo y muchas necesidades urbanas más. Muchos podrías ver en la pandemia la necesidad de los recursos, lo cierto es que previo a COVID-19, Morena solicitó en el Congreso regularizar estos autos para recaudar 50,000 millones de pesos adicionales, contemplando en aquellas fechas un total de 18 millones de vehículos irregulares en el país. La paradoja es evidente, el presidente habla de razones de seguridad, regularizar permite una identificación del vehículo aunque, sin tener otra opción, se creará un mercado paralelo mucho más fuerte gestionada por organizaciones que incumplen la ley… bueno, por seguridad no es, mejor lo vemos como la urgencia de captar recurso ante la informalidad y el pago a tanta barrabasada. Javier Rueda

@ruedac