ALGUNOS EXPERTOS DE la industria eléctrica han tenido acceso al proyecto de leyes secundarias del sector eléctrico que hoy dará a conocer en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum. El documento, que lo han venido trabajando la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario José Antonio Rojas Nieto, resuelve favorablemente ciertas incertidumbres que existían sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica, pero levanta nuevas dudas. En cuanto al funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, la buena noticia es que la nueva ley mantiene reglas de despacho con base en el criterio de costos de generación y confiabilidad del sistema. Todas las plantas de energía eléctrica, incluyendo las de la CFE, tendrán que competir por ofrecer la energía eléctrica de menor costo. También es positivo que el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), que dirige Ricardo Mota Palomino, se mantiene como un organismo técnico independiente de CFE. Eso es una señal de que habrá piso parejo en el mercado eléctrico mayorista. No obstante, el proyecto de ley impone sobre la CFE un requisito de inversión de muy difícil cumplimiento: se le obliga a mantener la meta de 54% de generación por parte del Estado. Como se recordará, esta meta la alcanzó Andrés Manuel López Obrador con la compra de las 12 plantas de la española Iberdrola, que preside José Ignacio Sánchez Galán. Vamos a hacer números para dimensionar la capacidad de ejecución de inversión que se requeriría por parte de la CFE. En el escenario intermedio de crecimiento de la demanda de energía eléctrica, se estima que el país requiere cerca de 21 gigawatts (GW) adicionales de capacidad en los próximos seis años. Conforme a la restricción de 54%, a la CFE le corresponde desarrollar 11.34 GW. Bajo la dirección de Manuel Bartlett, la CFE emprendió la construcción de nuevas plantas de generación por una capacidad total de 8.6 GW. De ese total, a la fecha se han concluido solo 3.2 GW, es decir, el ritmo de ejecución es de solo 0.53 GW por año. Resulta difícil creer que en esta administración la CFE podrá construir 11.34 GW de capacidad adicional, que implica un ritmo de 1.89 GW por año, además de terminar las plantas inconclusas del pasado gobierno. No es creíble. A lo anterior hay que sumar el incremento en los tiempos de espera en la entrega de nuevas turbinas de generación de energía eléctrica. La creciente demanda, asociada al aumento de requerimiento de energía eléctrica para alimentar los centros de datos que procesan los sistemas de inteligencia artificial, ha provocado que los tiempos de espera de una nueva turbina se extienda entre 24 y 36 meses. Esta realidad dificulta aún más que CFE, que dirige Emilia Calleja Alor, pueda alcanzar los ritmos de ejecución requeridos. Los retos de ejecución no se limitan a la construcción de plantas de generación de energía eléctrica. La CFE tiene el reto enorme de ampliar la red de transmisión de energía eléctrica; de hecho, expertos señalan que la congestión de la red de transmisión es el principal problema de nuestro sistema eléctrico. En cuanto al presupuesto de inversión, si bien no disponemos del porcentaje ya invertido en las plantas que iniciaron construcción en el sexenio anterior, asumamos que ya se ejerció 80% del capital requerido para construir los 8.6 GW. Es decir, unos 6 mil 88 millones de dólares (el costo de un mega-watt es de aproximadamente un millón de dólares). Por tanto, para alcanzar el objetivo de construir 21 GW, y considerando la restricción de 54%, la CFE requeriría incrementar su presupuesto de inversión anual en 65%, de 6 mil 88 a 11 mil 34 millones de dólares, algo difícil de concebir en el contexto de las restricciones de finanzas públicas. Conforme a las restricciones de inversión, México no sólo corre el riesgo de perder la oportunidad del nearshoring, sino que el Plan México que presentó hace unos días la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, puede quedar con una simple buena intención. Toda esa inversión que podría llegar a México en parques industriales está detenida por la falta de capacidad de generación de energía eléctrica y también por la escasez de agua. Algunos expertos apuntan que es posible que el nearshoring encuentre una solución por la vía de que México termine importando energía eléctrica desde Texas. SIGUIENDO CON LAS ahora “empresas públicas del pueblo de México”, la crisis productiva y financiera por la que atraviesa Pemex, ya no se puede ocultar. La petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla enfrenta un panorama alarmante, con deudas acumuladas con sus proveedores que rondan ya los 700 mil millones de pesos. Además de provocar el despido de más de 35 mil trabajadores petroleros, incluido personal del sindicato que lidera Ricardo Aldana, el problema ha adquirido dimensiones internacionales porque las compañías han tenido que informar a sus inversionistas de la situación, muy a pesar de la promesa de pago que hizo en diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum. Las multinacionales estadounidenses SLB y Halliburton reconocieron en sus reportes financieros del cuarto trimestre de 2024 una disminución en sus ingresos globales por la caída en las actividades de perforación en México. Stephane Biguet, director financiero de SLB, informó que los ingresos por construcción de pozos registraron un desplome, atribuido a la reducción de actividades de perforación por los cambios en los liderazgos de Pemex Exploración y Producción, que lleva Néstor Martínez. En total, SLB reportó una caída de 5% en sus ingresos anuales en América Latina, principalmente por las condiciones del mercado mexicano. Por su parte, Jeff Miller, CEO de Halliburton, reconoció que la falta de claridad en Pemex sobre los tiempos de contratación hace incierta cualquier proyección a futuro. Según Miller, “el petróleo y el gas son críticos para la economía mexicana, y es difícil imaginar que México no encuentre su rumbo a medida que avance el año”. Miller reveló que, en el último trimestre de 2024, sus ingresos en América Latina cayeron 9% por una menor actividad en nuestro país.  A esta lista se sumarán otras grandes compañías, como la polémica Baker Huges que lleva Lorenzo Simonelli. Antes de que acabe febrero, Pemex también se verá obligada a cumplir con sus compromisos financieros y, ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tendrá que reconocer una caída histórica en su producción de petróleo, así como el monto real de su deuda con proveedores.  POR DARÍO CELIS ESTRADA      

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