POR FUEGO AMIGO, errores voluntarios e involuntarios en las bases de licitación y dificultades en la distribución, la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 puede terminar como todas las de la 4T: en desabasto.

En Birmex, el organismo encargado de la compra, se dio por sentado que en tan sólo 22 días podrían sacar adelante este proceso que ya se veía como el más grande de la historia y cuyo valor asciende a más de 234 mil millones de pesos.

El organismo que dirige Iván Olmos recibió propuestas de 400 proveedores, el doble del promedio que normalmente reciben, y 5 mil 820 solicitudes de aclaración.

Por ello admitieron que era inviable el calendario original y aplazaron la fecha de fallo del 4 al 13 de enero: Birmex arrancó hasta el viernes 10 las ofertas subsecuentes de descuentos de forma desaseada, opaca y discrecional.

Lo que más cuestionó la industria fue que Birmex, vía la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López, ignoró los fallos técnicos y desplazó a la Dirección de Calidad de la evaluación de las ofertas

Esa decisión abrió la puerta a decenas de asignaciones de ofertas técnicamente insolventes y dejó fuera a laboratorios solventes: o sea, el negocio para empresas “amigas” que no garantizan abasto eficiente ni en tiempos ni en precios.

El potencial desabasto preocupa a Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, uno de los principales adquirentes de medicamentos e insumos para la salud.

Pero también obviamente al IMSS, que capitanea Zoé Robledo; al IMSS-Bienestar, que maneja Alejandro Svarch, y al ISSSTE, al mando de Martí Batres.

Hay tres problemas estructurales que los gobiernos de la 4T no logran resolver: el pasivo con laboratorios y distribuidores por unos 12 mil millones de pesos que se viene arrastrando en los últimos tres años y cuya deuda más abultada heredó Juan Antonio Ferrer y su Insabi.

Otro son las desavenencias entre los tres principales institutos de salud y los organizadores de esta última compra consolidada, a lo que habría que agregar las disputas entre el propio Olmos y López.

Y finalmente la falta de tiempo para entregar las medicinas e insumos el próximo 1 de marzo por la demora que ha sufrido el proceso de licitación que atrasa firmas de contratos, solicitud de principios activos para producir medicamentos y tiempos de producción.

A todo lo anterior hay que agregar que muchas claves quedaron desiertas. No sólo planeación y coordinación entre el sector público y privado fueron elementos ausentes; tampoco hubo unidad entre funcionarios del sector salud y sí intereses por ver fracasar el proceso.

¿Quiénes de los que aún viven bajo el cobijo de Andrés Manuel López Obrador ganaron con este intento fallido del segundo piso de la 4T?

EN EL ESTADO de Jalisco, que gobierna el emecista Pablo Lemus, recientemente se licitó la adquisición de más de 2 millones de juegos de láminas para el reemplacamiento que se llevará a cabo este año, en un trámite que incluye la verificación vehicular y el refrendo por un único pago de 900 pesos. La nueva administración fue muy cuidadosa en seleccionar a la empresa ganadora para cerciorarse que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, ya que los nuevos documentos deben ser de aluminio impermeable y con un espesor mínimo de 0.660 milímetros para garantizar su durabilidad y evitar el pronto deterioro que se padece en otros estados. Asimismo, tendrán un código de seguridad a prueba de falsificación y que requiere de equipo especializado de los cuerpos policiacos y de tránsito para su lectura. Lo que pretende la entidad tapatía es poner el ejemplo a otros estados con este tipo de medidas para combatir el fraude, mejorar el control del parque vehicular y garantizar la seguridad.

EN DURANGO, QUE lleva el priista Esteban Villegas, persisten acusaciones en el uso de recursos federales para ejercer presión sobre el sector empresarial. Para muestra un botón: de acuerdo a reportes locales, entre el 16 y el 17 de diciembre pasado, elementos del Comando Especial de La Laguna realizaron operativos en propiedades de empresarios agroindustriales para cuestionarlos y presionarlos por supuestos vínculos con figuras políticas de la 4T y de Morena, que preside Luisa María Alcalde, sin una orden o carpeta de investigación. Ello provocó inquietud en la comunidad, lo que se tradujo en que las quejas de los afectados, algunos de ellos con influencia nacional, llegaran a Palacio Nacional. En respuesta se habría instruido apoyar a empresarios y trabajadores y revisar las condiciones de los programas sociales en el estado.

EN RELACIÓN A los contratos que la compañía Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV, perteneciente al corporativo Grupo Kosmos de Jack Landsmanas, está renovando en estos días para suministrar servicios de alimentos a las unidades médicas del IMSS, que dirige Zoé Robledo, nos detallan que en los próximos días la firma estaría por renovar otros 20 acuerdos en el mismo sentido, por una cifra acumulada, según los registros, de alrededor de 400 millones de pesos. Entre las unidades en las que la conocida ABADI mantendría el negocio, se encuentran el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que lleva el doctor Guillermo Saturno Chiu, y las unidades médicas del Seguro Social en la Ciudad de México. Lo dicho ayer: se trata de un prometedor inicio de sexenio de casi 700 millones de pesos para las huestes de Landsmanas.

GABRIEL CORTÉS ALCALÁ, secretario de Salud de Guanajuato desde el 26 de septiembre pasado, ha despedido a al menos 13 funcionarios médicos y administrativos. Este éxodo se debe a la alta capacitación del personal despedido, lo que les ha permitido colocarse en cargos relevantes en otras partes del país. Mientras tanto, Cortés Alcalá ha incorporado a la secretaría perfiles cercanos a él. Dicho funcionario enfrenta denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión en el Hospital Regional del ISSSTE en León. Él asumió la dirección del Hospital en 2023, desde entonces y hasta su nombramiento en el gabinete de Libia García, la institución hizo compras por unos 50 millones de pesos para la adquisición de bienes y servicios, tanto con personas físicas como con empresas, algunas de ellas vinculadas con trabajadores del propio Hospital Regional.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE