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Más allá del Rancho Izaguirre, colectivos ubican campamentos criminales en todo Jalisco
01:52 lunes 26 mayo, 2025
JaliscoAunque se han denunciado durante años, los campos de adiestramiento del crimen organizado en Jalisco siguen operando con total impunidad. Así lo aseguró Héctor Flores, líder del colectivo Luz de Esperanza, en entrevista para “Así las Cosas”, donde lamentó que ni las autoridades estatales ni federales hayan dado respuesta a estos señalamientos, pese a tener conocimiento de su existencia. “El Estado sabe dónde están los campamentos, pero no actúa. Ya hemos puesto sobre la mesa las zonas en donde podrían estar operando, pero no hemos visto investigaciones ni operativos. Lo que sí vemos es omisión”, sentenció Flores. El tema resurgió tras el hallazgo de un presunto centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, sin embargo, el activista advierte que no es un caso aislado. Según los reportes recabados por su colectivo, existen indicios de instalaciones similares en diversas regiones de la entidad: desde la región Valles, en dirección a Puerto Vallarta, hasta los Altos, la Ciénega, e incluso Zapopan, donde se ha reportado la posible existencia de un campamento en la zona de Los Camachos. “Casi en cualquier parte del estado donde lances una piedra puedes encontrar algo”, afirmó el líder del colectivo, quien subraya que estas denuncias buscan evitar que todos los campamentos terminen convertidos en cementerios clandestinos. “El Estado tiene la obligación de presentar con vida a las personas desaparecidas, no solo de exhumarlas cuando ya es demasiado tarde”. Además de reiterar la necesidad de atender con urgencia estos puntos de posible reclutamiento forzado, Flores hizo un llamado a la Secretaría de Inteligencia del estado para que sus análisis de contexto sean públicos y se traduzcan en acciones. “Sabemos que hay análisis, pero no los muestran. Es otra de las deudas del gobierno con las familias”. También denunció que la mayoría de las amenazas que enfrentan las familias buscadoras no provienen del crimen organizado, sino de funcionarios públicos. “Es violencia institucional. Las amenazas casi siempre vienen por exigir que hagan su trabajo, por presionar a las fiscalías a investigar”, apuntó. Finalmente dijo que las autoridades deben priorizar no solo el esclarecimiento de los casos, sino la prevención efectiva de nuevas desapariciones, desmantelando los centros de entrenamiento criminal que siguen activos y a la vista de todos.