La misión del "zar fronterizo" Tom Homan en Minneapolis fue más apaciguar las aguas y calmar los ánimos que dar marcha atrás en la campaña antiinmigrante emprendida por el gobierno del presidente Donald Trump. Podría definirse como un cambio de tono, pero no de tonada, en medio de lo que se describe ya como una crisis política por la forma en que se ha desarrollado buena parte del mandato.

Hay ciertamente la creciente indignación pública por las tácticas usadas y la división dentro del gobierno Trump entre "halcones" que, como Homan, creen que esa extrema visibilidad es contraproducente. Pero están también la irritación entre estadounidenses y su posible impacto político.

Mientras los partidarios del presidente Trump favorecen sólidamente la campaña, aunque difieran en las formas, una mayoría de demócratas e independientes está cada vez más inconforme y muchos republicanos comenzaron ya a advertir de problemas en las elecciones legislativas en noviembre.

La diputada María Elvira Salazar, de origen cubano, ha advertido reiteradamente que la hemorragia de votantes latinos puede costarles la mayoría republicana en al menos una de las dos cámaras del congreso federal.

Pero los extremistas en el gabinete de Trump, como la secretaria de Seguridad Doméstica, Kristi Noem, y su consejero Corey Lewandowsky, así como el subjefe de asesores de la Casa Blanca Stephen Miller, tienen un respaldo considerable dentro del partido.

Las divergencias sobre tácticas para desarrollar arrestos y deportaciones empeoraron por la creciente irritación causada por el asesinato de dos civiles estadounidenses por miembros de la Patrulla Fronteriza que enfrentaban a manifestantes promigrantes en Minneapolis, una ciudad a 2,500 kilómetros del punto más cercano de la frontera con México. Y sobre todo, por los intentos de culpar a las víctimas.

Minneapolis se convirtió en un punto candente luego de que el gobierno Trump acusó a los gobiernos del estado de Minnesota y de la propia ciudad, encabezados por demócratas, de tolerar fraudes atribuidos a refugiados somalíes. De hecho, se le ve más bien como parte de un juego de represalias políticas.

El gobierno envió tres mil agentes federales para su campaña, supuestamente para apoyar a los 600 agentes de la Policía local. Para sus críticos, ese ha sido el patrón de la campaña antimigrante: intimidación y violencia que han llevado a imágenes brutales, pero también a temores sobre la instauración de un estado policiaco, donde los opositores del gobierno sean acusados de "terrorismo doméstico.

La campaña de arresto y deportación masiva de migrantes puede ser un éxito, pero la polarización creada por las imágenes de tácticas y la politización de sus acciones anuncian tiempos difíciles para su gobierno y la posibilidad de que use distractores que pueden tener un impacto en el mundo.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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