La presidenta peruana Dina Boluarte cumplió el jueves su primer año de gestión en una plaza de Lima rodeada de militares, con su popularidad diezmada y acusada por presunto homicidio calificado de manifestantes durante las protestas de hace meses que exigían su renuncia. En la víspera, su gobierno incumplió una orden de la más alta corte latinoamericana en derechos humanos que pidió a Perú no liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión (1990-2000). Fujimori salió de la cárcel en medio de la felicidad de cientos de seguidores y el repudio de otro grupo de peruanos. La policía anunció el despliegue de casi seis mil policías en zonas clave del centro histórico capitalino para controlar al menos tres puntos donde estaban programadas las protestas en la jornada y la plaza frente al palacio presidencial lucía rodeada de rejas de metal que impedían el libre acceso. En Juliaca, la ciudad más poblada de la región Puno —donde se produjo la peor violencia de Perú durante las manifestaciones entre diciembre y marzo— familiares de los fallecidos en las protestas comenzaron a reunirse en la plaza principal de esa ciudad ubicada en el sur, cerca de la frontera con Bolivia. “Estoy indignada viendo como nuestro gobierno pisotea nuestros derechos y libera al delincuente asesino de Fujimori”, dijo a la radio La Decana de Juliaca Milagros Samillán, hermana del estudiante de medicina Marco Samillán, quien murió tras recibir un balazo en la espalda el 9 de enero mientras auxiliaba a manifestantes heridos. “No vamos a descansar hasta verlos tras las rejas, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, añadió la mujer en referencia a Boluarte y sus ministros. Temprano, en una ceremonia en una plaza de un barrio de Lima, rodeada únicamente de militares y sin presencia de civiles, Boluarte dijo que al asumir la presidencia el 7 de diciembre de 2022, convocó “a la más amplia unidad” de los peruanos, así como a un “amplio proceso de diálogo con todas las fuerzas”. Las pocas veces que Boluarte ha intentado mostrarse frente a la población ha sido abucheada con gritos que la llaman “asesina” o “traidora”, incluso en sus dos viajes a Estados Unidos. La mandataria, una abogada de 61 años, tiene una popularidad de apenas 8%, según una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos. La cifra es la más baja comparada con sus 12 antecesores. Perú sufre una recesión económica después de un cuarto de siglo que se traduce en el alza del desempleo y la caída de la producción. La recesión ha coincidido con el aumento de la delincuencia, incluido los delitos de extorsión, que aumentaron 50% entre enero y agosto, en comparación con el mismo periodo de 2022, según estadísticas oficiales. Boluarte sucedió el 7 de diciembre de 2022 al entonces presidente Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. Castillo fue destituido por el Parlamento tras intentar su disolución. Fue detenido y en la actualidad cumple tres años de cárcel, en la misma donde estaba Fujimori, mientras es investigado por supuesta corrupción y rebelión. El gobierno de la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú entró en una crisis inmediata al sucederse casi 500 protestas que exigían su renuncia, sobre todo en las regiones del sur de los Andes, de mayoría indígena y donde Castillo había arrasado en los comicios presidenciales de 2021. Al llegar al poder, Boluarte giró “rápidamente a buscar el consuelo del establishment político de la derecha peruana, en lugar de buscar reconciliarse con los actores que votaron por Pedro Castillo y eso es difícil que pueda ser olvidado por las personas”, dijo el analista político peruano Gonzalo Banda. Muchos peruanos recuerdan que exactamente un año antes de la destitución de Castillo, Boluarte prometió ante las cámaras de la televisión pública y frente a miles en la plaza principal de la ciudad de Juliaca que si Castillo era destituido, ella también iba a renunciar, algo que nunca hizo. Banda añadió que la impopularidad de Boluarte también podría ser entendida debido a que muchos peruanos “también están afrontando un duelo interno producto de una justicia que nunca ha llegado” luego de las muertes en las protestas. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional coincidieron en diversos informes que las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones. Los informes destacan que durante las protestas contra el gobierno de Boluarte se registraron 50 civiles muertos, casi todos a causa de armas de fuego y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el pecho, la espalda y el abdomen. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. La mayoría de muertes se produjeron principalmente en Puno, Ayacucho y Apurímac, tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena. La ONU contabilizó 108 civiles heridos con armas de fuego y de esos el 60% presentaban heridas en las partes superiores del cuerpo, como la cara, la mandíbula, el pecho y la espalda. El 39% han quedado con secuelas físicas permanentes, luego que los proyectiles alcanzaron órganos vitales, se indica. Adicionalmente, al menos 713 civiles también fueron heridos, pero mayormente por contusiones. En septiembre, durante su primer viaje como mandataria a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta Boluarte dijo que Perú está en proceso de pacificación. “Tuvimos que pararnos firmemente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de Derecho”, añadió la presidenta en referencia a las mortales manifestaciones en su contra. Hace 11 días la entonces fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a Boluarte para que al culminar su mandato en 2026 sea juzgada por homicidio calificado y lesiones graves a causa de las muertes en las protestas. “Seremos una piedra en el zapato de la presidenta, no podemos normalizar los asesinatos”, dijo Milagros Samillán, la hermana del estudiante de medicina asesinado en las protestas. Con información de Latinus.