Sin ánimo de entrar en debate o a una confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro Javier Laynez Potisek habla de cuál es el momento por el que atraviesa la Suprema Corte y de lo mal que están informando a la mandataria en torno a decisiones que deben tomar las y los ministros.
La jefa del Ejecutivo acusó a la ministra Norma Piña y a otros de sus colegas, incluido Laynez, de querer agandallarse y dar madruguete con la votación e instalación del Órgano de Administración Judicial, encargado de operar la transición y entrega recepción del máximo tribunal del país.
Pero dicen que lo único que hicieron, hace una semana, fue atender lo que está plasmado en la Carta Magna a partir de la Reforma Judicial impuesta por el gobierno y votada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Ni más ni menos.
En palabras de Laynez no fue una ocurrencia. Eso lo mandata el artículo sexto transitorio de la ley en la materia. El nuevo organismo tiene que existir y debe conformarse con tres personas que designe la Corte, una el Ejecutivo y otra más del Legislativo, para hacer un total de cinco integrantes.
Esa instancia sustituirá funciones del Consejo de la Judicatura, pero también será la responsable de administrar recursos humanos y técnicos de la nueva Corte.
Por eso tiene que estar designado ya para que, en agosto, cuando se vayan las y los actuales ministros, esté operando al 100 por ciento.
Y lo que hicieron los ministros afines a Piña fue intentar iniciar el proceso para elegir a las tres personas que le corresponden al Poder Judicial.
Eso fue lo que provocó el choque más reciente entre los propios ministros y la Presidenta. De hecho, Laynez me dijo que su colega Loretta Ortiz fue una de las que se opuso públicamente a la votación y está equivocada.
El riesgo de que esto no se apruebe, advirtió Laynez, es que el Poder Judicial se quede sin administración. No habría quien pudiera firmar o prorrogar un contrato, desde lo más básico, como los equipos de cómputo.
Pero la primera mandataria tiene otros datos y una pregunta que ella misma se responde.
“¿Qué quiere hacer la ministra presidenta junto con algunos más? Pues adelantarse (…) Y estoy de acuerdo con la ministra Loretta. Quieren dar un albazo. Háganme el favor. Quieren designar ellos su propio órgano administrativo”.
Si le asiste o no la razón, eso es debatible. Lo único real es que la relación entre Palacio Nacional y sus vecinos de la Corte es irreconciliable.
Pero a veces no hay ni a quien irle, con actitudes y acciones como las de Lenia Batres, quien es afín al gobierno y, desde la óptica de sus colegas, viola sistemáticamente los principios básicos del buen desempeño de una ministra.
La Corte tiene más de mil casos que resolver, más los que se acumulen de aquí a que terminen su gestión los actuales ministros, pero todo el ruido que se genera su alrededor sigue retrasando la aplicación y buena administración de la justicia en México.
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Pasaron ya nueve meses de las elecciones 2024 y en Morena y algunas instancias de gobierno siguen “pagando” favores o al menos ese es el pretexto para asignar contratos millonarios.
Es el caso de Javier Cabiedes, quien desde el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) está usando eso como pretexto para favorecer a algunos empresarios con licitaciones amañadas.
La gran pregunta es si sus jefes políticos y morales sabrán que anda haciendo de las suyas.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La manera más rápida de finalizar una guerra es perderla”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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