La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su preocupación por lo que considera que son consistentes “actos de censura, restricciones indebidas a la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos en diversas entidades de nuestro país”. En un escrito compartido en sus redes sociales, la asociación destaca que la libertad de expresión es fundamental para la democracia y es un derecho humano reconocido por la constitución. Destacan también que cualquier esfuerzo por mermar la libre expresión es un atentado contra el Estado de derecho, lo cual resulta inadmisible. Entre las acciones señaladas, se encuentran: “La utilización de instrumentos legales o administrativos para intimidar o sancionar la crítica pública; El aprovechamiento e instrumentalización arbitraria de instituciones jurídicas para intervenir y censurar el contenido de notas e investigaciones periodísticas a través de censores; Y, en casos extremos, la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión; El uso del poder y sus instituciones para intimidar a los medios de comunicación para inhibir la libertad de prensa”. El comunicado se publica tras una serie de casos en los que se ha intentado coartar la libertad de expresión a través de instrumentos legales. Uno de los más conocidos es la sentencia que impuso el Tribunal Electoral a la ciudadana Karla Estrella Murrieta en respuesta a una publicación que hizo en la red social X (antes Twitter) en la que acusaba a Sergio Gutiérrez Luna de nepotismo, debido a la candidatura que recibió su esposa Karina Barreras Samaniego. Luego de este mensaje, se presentó una denuncia por violencia política en razón de género por supuestamente haber minimizado la carrera política de Barreras Samaniego, por lo que Murrieta ahora debe disculparse públicamente por 30 días. Por la forma en que el Tribunal redactó la sentencia, a la ahora diputada por el PT se le conoce como "Dato protegido".  Otro caso se dio en Campeche, donde al periodista Jorge Luis González Valdez, una jueza le impuso como medida cautelar que un interventor judicial revise todo lo que él y su medio publique relacionado con la gobernadora Layda Sansores. En la resolución, también se le prohíbe al comunicador referirse "en cualquier forma" a la mandataria estatal. Adicionalmente, está el caso de la columna publicada por Héctor de Mauleón, en la que señaló a una red de corrupción, extorsiones y tráfico de “huachicol” relacionada con un administrador aduanero, quien es cuñado de Tania Contreras López, próxima presidenta del Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas.  Luego de la publicación de esta columna, la próxima presidenta del Tribunal denunció a De Mauleón y a El Universal por violencia política de género. El Instituto Electoral de Tamaulipas emitió medidas cautelares a favor de la denunciante.

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Las medidas incluyen la eliminación de la columna y que no se hicieran futuras referencias a la Tania Contreras. Sin embargo, el director general editorial del diario, David Aponte rehusó a bajar la columna, ya que considera que puede abrir la puerta a la censura periodística. Con información de Latinus.