De aprobarse en el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana que propone expedir la Ley de Austeridad para el Estado de San Luis Potosí, ésta podría entrar en vigor hasta el 2023 debido a que, en estos momentos, las y los diputados aprobaron la Ley de Egresos del 2022, reconoció el abogado Luis Suárez Castillo, promovente de la iniciativa. Estimó que sería hasta el mes de febrero cuando el Congreso del Estado pudiera analizar, discutir y votar dicha iniciativa presentada desde el 2019 en el congreso local. “Jurídicamente sería complicado, sobre todo por la Ley de Ingresos y Egresos y que ya está establecido el tabulador, yo creo que sería una cuestión social el presionar a los legisladores para que se reduzcan el salario y que renuncien a los privilegios, sin embargo, hay que entender que si se aprueba la iniciativa podemos tener que este año no surta efecto pero para el siguiente tuviera efecto vinculante para los legisladores y altos funcionarios”, dijo. Recordó que debido a que la iniciativa no fue atendida por la anterior legislatura local, promovieron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) un juicio para la protección de los derechos político-electorales para obligar al Poder Legislativo a votar la iniciativa y esta instancia, el pasado mes de octubre, fijó un plazo de tres meses para que los diputados le den trámite, plazo que concluiría el próximo mes de enero. “Yo creo que se están esperando al plazo que les estableció el tribunal, les dieron un plazo de tres meses para votar la iniciativa y precisamente, me notificaron un documento en el que nos reiteran que se tiene tres meses para que el Congreso lleve a votación esta iniciativa entonces yo que en enero se estaría discutiendo la iniciativa en forma completa”. Suárez Castillo expuso que el TEE cuenta con mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias, por lo que, en caso de que venza el periodo fijado y el Poder Legislativo no haya dado tramite a la iniciativa, diputados podrían recibir sanciones desde multas hasta inhabilitaciones. La falta de austeridad se denota en el último acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en el que nueve diputados gastarían al mes 165 mil pesos.