La violencia en las escuelas de educación básica en México, y particularmente de la que hemos sido testigos en San Luis Potosí, es una problemática que ha cobrado relevancia en los últimos años. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de diversas organizaciones para mitigar este fenómeno, los incidentes de agresión y acoso escolar continúan siendo frecuentes, evidenciando fallas estructurales en el sistema educativo y en las políticas públicas destinadas a garantizar entornos escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

La gestión emocional es un componente esencial en el desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, las estrategias para la atención y contención de emociones en el ámbito escolar han sido insuficientes. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado manuales y protocolos que abordan la educación socioemocional, su implementación efectiva en las aulas resulta nula o limitada. Por ejemplo, el "Manual de manejo de emociones" ofrece estrategias para regular la atención y ayudar a los estudiantes a calmarse, pero su aplicación depende en gran medida de la capacitación y disposición del personal docente. Esta falta de una estrategia integral y coherente a nivel federal y local contribuye a que los estudiantes carezcan de las herramientas necesarias para manejar sus emociones, lo que puede derivar en comportamientos violentos.

La figura del docente ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Anteriormente, los maestros eran considerados autoridades morales y referentes éticos dentro de la comunidad. Hoy en día, diversos factores han erosionado esta percepción. La sobrecarga administrativa, la falta de capacitación profesional y el escaso reconocimiento social han mermado la autoridad de los profesores. Esta situación se traduce en una disminución del respeto por parte de los estudiantes, quienes, al no reconocer una figura de autoridad en el aula, pueden incurrir en conductas disruptivas y violentas.

La protección de los derechos de los niños y jóvenes es fundamental. No obstante, en algunos casos, la interpretación excesiva de estos derechos ha llevado a una disminución de la autoridad de los padres y educadores. Esta situación genera un desequilibrio en la dinámica familiar y escolar, donde los límites y normas se vuelven difusos. Los estudiantes, conscientes de sus derechos pero no de sus responsabilidades, pueden sentirse empoderados para desafiar la autoridad, lo que propicia ambientes propensos a la violencia.

Aunado a estos factores, la ausencia de indicadores claros y específicos que midan la incidencia de la violencia escolar dificulta la toma de decisiones informadas. Sin datos precisos, las políticas públicas se basan en estimaciones o percepciones, lo que conduce a soluciones superficiales o ineficaces. Esta carencia de información detallada, que en primera instancia ocurre en cada unidad escolar, perpetúa un sistema educativo opaco y atemorizado, que prioriza la estabilidad política sobre la calidad educativa y la seguridad de los estudiantes.

La situación actual refleja un retorno a prácticas corporativistas en el ámbito educativo, similares a las de hace cuatro décadas. Este enfoque prioriza la lealtad y el alineamiento político sobre la innovación y la mejora continua. El resultado es un sistema que se resiste al cambio, que minimiza o ignora las problemáticas emergentes, como la violencia escolar, y que se conforma con mantener el statu quo en lugar de buscar soluciones concretas y efectivas.

La violencia es un reflejo de deficiencias estructurales en el sistema educativo y en las políticas públicas. Es imperativo desarrollar e implementar estrategias integrales de educación socioemocional, fortalecer la autoridad moral de los docentes y equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes con las responsabilidades de padres y educadores. Solo a través de un compromiso genuino y una visión renovada se podrá construir un entorno escolar seguro que nos permita avanzar progresivamente a mejores espacios de aprendizaje para todos.

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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