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Uno de los principales objetivos de la iniciativa es colocar a las personas en el centro de las políticas de movilidad
12:20 jueves 20 agosto, 2026
San LuisSan Luis Potosí, SLP.– El Ejecutivo propuso una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que busca establecer un marco jurídico integral para garantizar el derecho a trasladarse en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión, igualdad y equidad. La iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado y Municipios de San Luis Potosí fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante el Congreso del Estado el pasado 29 de mayo de 2026, acompañado por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza y ciudadanos. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es colocar a las personas en el centro de las políticas de movilidad, dando prioridad a peatones, usuarios de transporte no motorizado, transporte público y grupos en situación de vulnerabilidad.
Nuevos límites de velocidad La iniciativa se encuentra el establecimiento de límites de velocidad con base en evidencia científica, con el propósito de reducir los riesgos para las personas usuarias de las vías. Los límites propuestos serían de 20 kilómetros por hora en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar; así como en entornos escolares ubicados en vías secundarias y calles terciarias.
En zonas escolares sobre vías primarias y carreteras, el límite sería de hasta 30 kilómetros por hora, mientras que para calles secundarias y terciarias se propone también un máximo de 30 kilómetros por hora. Las avenidas primarias sin acceso controlado tendrían un límite de 50 kilómetros por hora, mientras que en los carriles centrales de avenidas de acceso controlado se permitirían hasta 80 kilómetros por hora. Para carreteras estatales fuera de zonas urbanas se plantea un máximo de 80 kilómetros por hora y de 50 kilómetros por hora dentro de zonas urbanas. La iniciativa establece además que ninguna intersección podrá tener una velocidad de operación superior a 50 kilómetros por hora en cualquiera de sus accesos.
Espacios para peatones y ciclistas La propuesta también contempla que los proyectos de infraestructura vial urbana incluyan espacios peatonales y para vehículos no motorizados que sean cómodos, accesibles y seguros. Asimismo, deberán considerarse dimensiones, conexiones y espacios suficientes para garantizar el disfrute de las vías, además de incorporar áreas verdes cuando las condiciones técnicas, ambientales y urbanísticas lo permitan. La iniciativa reconoce a la bicicleta y otros vehículos no motorizados como medios de transporte y establece derechos y obligaciones para quienes los utilizan, sujetos a las disposiciones estatales y municipales de tránsito. Otro de los puntos relevantes de la propuesta es el reconocimiento de los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, con la finalidad de garantizar atención integral, reparación del daño y protocolos obligatorios de actuación por parte de las autoridades. Estas disposiciones deberán observar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, los tratados internacionales y la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. En cuanto al abandono de víctimas, la iniciativa no plantea una nueva sanción, debido a que esta conducta ya está contemplada en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí como omisión de auxilio a lesionados. El artículo 133 establece sanciones para el conductor que abandone a una persona que haya lesionado sin dolo o que no dé aviso inmediato a las autoridades, cuando la víctima no pueda recibir asistencia oportuna por terceros. Además de las sanciones penales, los reglamentos municipales de tránsito contemplan el abandono de víctimas como una falta grave dentro de sus respectivos tabuladores de infracciones. Con la nueva legislación, el Estado busca complementar estas disposiciones mediante un modelo integral de movilidad y seguridad vial que priorice la protección de la vida y la integridad de todas las personas usuarias de las vías.
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