VERACRUZ FUE ESCENARIO de un encuentro que, más allá de los discursos protocolarios y de la fotografía institucional, dejó una señal interesante sobre el momento que vive el Poder Judicial mexicano. El Frente Nacional de Personas Juzgadoras, una de las principales expresiones de organización de juzgadores federales del país, celebró una reunión encabezada por el ministro Aristides Guerrero García, acompañado por los presidentes del Frente, Salvador Obregón y Juan Pablo Vázquez Calvo.

Pero fue Guerrero García quien terminó concentrando buena parte de la atención.

El ministro comenzó su intervención de una manera poco habitual para alguien de su investidura: saludó a los asistentes en náhuatl y preguntó a los presentes cómo estaban sus corazones.

No fue solamente un recurso discursivo.

A partir de ahí construyó una exposición sobre la relación que, desde su perspectiva, debe existir entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Ortiz Aguilar, y los pueblos originarios.

Habló de sentencias de fácil lectura, de acceso efectivo a la justicia y de la necesidad de que los derechos humanos convivan armónicamente con los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Pero puso un límite que vale la pena destacar: ningún uso, costumbre o tradición puede servir para vulnerar los derechos fundamentales de una niña o de una adolescente indígena.

Guerrero García insistió en que la protección constitucional de las mujeres y, particularmente, de las menores de edad, debe prevalecer independientemente de su lugar de nacimiento, lengua, comunidad u origen.

Después vino la parte jurídica.

Sin apoyarse en documentos en ninguno, el ministro desglosó de memoria los alcances de los artículos segundo y cuarto de la Constitución.

Explicó su relación, sus ámbitos de protección y la manera en que ambos preceptos deben interpretarse armónicamente cuando se analizan los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad sustantiva y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Más que un discurso, terminó convirtiéndose en una auténtica cátedra de derecho constitucional.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Guerrero García también sostuvo que la Corte debe mantener una comunicación institucional con los distintos poderes y autoridades del Estado y señaló que existe trabajo coordinado con el gobierno federal y con la Fiscalía General de la República, que lleva Ernestina Godoy, para contribuir, desde las respectivas competencias constitucionales, a combatir la violencia que afecta particularmente a las comunidades vulnerables.

Ahí apareció nuevamente el perfil que algunos venían observando desde su llegada al máximo tribunal.

Un ministro que puede hablar de constitucionalidad, precedentes y derechos fundamentales, pero que parece entender que detrás de cada expediente existe una persona.

Y eso, en el Poder Judicial, no es un asunto menor.

Guerrero García se mostró cercano, técnicamente preparado y políticamente cuidadoso. Escuchó a los juzgadores, respondió preguntas y evitó esa distancia que durante años caracterizó a buena parte de la élite judicial mexicana.

El encuentro de Veracruz dejó también una buena fotografía para el Frente Nacional de Personas Juzgadoras.

Salvador Obregón y Juan Pablo Vázquez Calvo han entendido que las organizaciones judiciales no pueden limitarse a defender intereses gremiales: tienen que convertirse en espacios de discusión jurídica, construcción institucional y acercamiento con la sociedad.

Si ésa continúa siendo la ruta, habrá que seguirlos de cerca. México necesita juzgadores preparados. Pero necesita todavía más juzgadores que recuerden todos los días para quién trabajan.

Y en Veracruz, Aristides Guerrero García pareció tener muy clara la respuesta.

UBER AHORRA CERCA de 83 millones de pesos mensuales, unos mil millones de pesos al año, en contribuciones al IMSS al subreportar los ingresos de sus conductores y repartidores. La empresa que capitanea Dara Khosrowshahi reporta ante el Seguro Social una cuota entre 19% y 25% menor, al excluir incentivos y cuotas de solicitud del salario de sus trabajadores. Sólo 237 mil 627 trabajadores de la plataforma cuentan hoy con seguridad social plena, pese a que un millón 663 mil fueron beneficiados por la reforma laboral. Uber se convierte en la única plataforma con casos de subreporte documentados por sus conductores y repartidores. La empresa estadounidense de movilidad que lleva aquí Félix Olmo calcula de forma incorrecta los ingresos de sus conductores y repartidores en México, una práctica que le cuesta al erario esos mil millones de pesos anuales. El esquema de subreporte se aparta de la regulación laboral vigente desde 2025 y excluye a los trabajadores de la seguridad social plena que ofrece el IMSS, uno de los beneficios contemplados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para plataformas digitales, aprobada en diciembre de 2024.

Entre enero y junio de 2026, Uber reportó ante al organismo de Zoé Robledo ingresos de conductores y repartidores inferiores a los reales, al considerar únicamente el tiempo laborado por viajes y dejar fuera los incentivos y la cuota de solicitud del servicio, que forman parte del salario. Lo anterior reduce la carga fiscal de la empresa, genera cotizaciones menores para los trabajadores y contraviene uno de los compromisos de los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de reforma laboral. La práctica, que viola la LFT, también afecta las aportaciones de los trabajadores a Infonavit y Afore, así como su acceso a guarderías y protección familiar. Del total de trabajadores de plataforma dados de alta con seguridad social completa, Uber emplea aproximadamente a 77 mil conductores en el país, con un efecto dominó que afecta a más de 250 mil personas al considerar a sus familias, 3.6 personas en promedio, de acuerdo con el Inegi, que preside Graciela Márquez.

LA PRÓXIMA CUMBRE del G20 en Miami podría convertirse en el siguiente escenario de encuentro entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. La Presidenta confirmó que México fue invitado a la reunión de diciembre y adelantó que, en principio, considera asistir para representar al país, aunque la decisión definitiva aún está pendiente. El anuncio ocurre en momentos en que ambos gobiernos mantienen negociaciones sobre comercio, seguridad, migración y la revisión del T-MEC. Sheinbaum aseguró que la comunicación con el mandatario estadounidense ha sido constante y dejó abierta la posibilidad de una reunión bilateral una vez que existan avances concretos en la agenda común. La mandataria busca preservar una relación constructiva con Washington, pero sin ceder en temas de soberanía. El G20 podría ofrecer una nueva oportunidad para medir el estado real de esa relación.

LIBERTAD, PROPIEDAD DE Juan Collado, cerró junio de 2026 con una captación superior a 10 mil millones de pesos, uno de los indicadores que muestra la fortaleza de su operación en medio de un entorno financiero cada vez más competido y regulado. En los últimos tres años, la captación de Libertad registró una tasa de crecimiento cercana a 5.6%, arriba del avance promedio estimado de la banca, de alrededor de 3 por ciento. La institución sostiene que este crecimiento ha sido orgánico y apoyado principalmente en su propia base de clientes. A ello se suma una posición de liquidez que se ha mantenido durante 2026 entre 35 y 40%, muy superior del mínimo regulatorio de 10 por ciento. Su nivel de capitalización también permanece por arriba de los requerimientos establecidos por la autoridad. Estos números son relevantes, porque permiten a Libertad concentrarse en fortalecer su operación y ejecutar su estrategia sin que exista la necesidad de realizar modificaciones inmediatas en su estructura accionaria.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE