Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Al hablar a favor de la obvia resolución de la propuesta, la diputada Martha Edith Moreno Valencia manifestó su respaldo a la minuta por ser una respuesta firme a la deuda histórica frente a la violencia feminicida, además de dar respuesta a la disparidad en la procuración de justicia en Guanajuato, señalando que, mientras a nivel nacional el 13% de los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio, en la entidad la cifra desciende al 4% por la falta de mecanismos uniformes y criterios locales. Añadió que la iniciativa faculta al Congreso Federal para crear una Ley General sobre Feminicidio, estableciendo un criterio único y una perspectiva de género obligatoria para jueces y fiscales, además de que la propuesta no solo busca castigar el delito, sino ofrecer una protección integral que garantice salud y educación a las familias de las víctimas, consolidando un marco legal que trascienda las fronteras estatales para asegurar que ninguna mujer enfrente el peligro en soledad. Por su parte, la congresista María Eugenia García Oliveros apuntó que la reforma en comento era indispensable para atender uno de los fenómenos más delicados del país: el feminicidio. Afirmó que se pretende contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la adecuada tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, ya que actualmente cada estado cuenta con su propia tipificación, y esa situación entorpecía el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, así como de sus familias. Concluyó al decir que era urgente fortalecer al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, sobre todo ese delito, que es la forma más grave de violencia que se ejerce contra las mujeres, solo por ser mujeres. En su oportunidad, la legisladora Miriam Reyes Carmona manifestó que estaba a favor porque cuando el Estado legisla para proteger la vida de las mujeres, no está concediendo privilegios, está cumpliendo una obligación elemental de justicia. Mencionó que hablar de feminicidio no era hablar de estadísticas frías sino de mujeres que tenían nombre, que tenían familia, sueños y proyectos de vida y que fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres en contextos marcados por violencia, el odio, la dominación o la discriminación. Remarcó que esta reforma es importante porque fortalece el marco jurídico y envía un mensaje claro: ningún crimen contra una mujer debe minimizarse, encubrirse o investigarse con indiferencia; el feminicidio exige instituciones sensibles, ministerios públicos capacitados y policías preparados y preparadas. Finalmente instó a sus homólogos a votar a favor de esta minuta, al señalar que no es un acto simbólico sino una definición ética, decir con claridad que la vida de las mujeres importa, que su seguridad importa y que su dignidad no está sujeta a negociación alguna. La diputada Susana Bermúdez Cano calificó la minuta como una medida urgente frente a la violencia sistemática y estructural que enfrentan las mujeres, resaltando que el feminicidio es la culminación de desigualdades históricas y relaciones de poder, además de presentar cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al primer bimestre de 2026, ubicando a Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas como las entidades con mayor incidencia. Asimismo, señalo la ineficacia de las 27 Alertas de Violencia de Género declaradas en el país y denunciando lo que consideró un debilitamiento institucional tras la desaparición de la CONAVIM y la actual falta de titular en la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, por lo que pidió a la Presidenta de la República a asumir su responsabilidad y a atender las secuelas sociales del delito, especialmente el estado de orfandad y abandono en el que quedan niñas, niños y adolescentes tras estos crímenes. La obvia resolución fue aprobada por unanimidad. Al hablar a favor de la propuesta, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla indicó que la reforma buscaba atender una realidad que no podía negarse, pero también una voz que hoy transforma el derecho en México. Resaltó que estaban llamados a pronunciarse sobre una decisión de fondo que va a fortalecer el Estado mexicano para responder de manera articulada a un fenómeno que no reconoce fronteras. Apuntó que se estaba trabajando bajo un esquema de atención fragmentado que no estaba dando una solución y, por lo tanto, con estos cambios se reconocía que el problema se debía abordar de manera más integral y sólida. La legisladora subrayó la importancia de empezar con la prevención del delito y de construir una política que dé respuesta y erradique ese delito. En su oportunidad, la congresista Maribel Aguilar González mencionó que la modificación no es un mero trámite, sino una definición institucional que permitirá establecer estándares claros en prevención, investigación y atención integral a las familias, donde se vincula este esfuerzo con las declaratorias de Alerta de Violencia de Género vigentes en diversos municipios de Guanajuato, que dejan ver la necesidad de contar con herramientas jurídicas sólidas que den certeza y continuidad a la actuación del Estado. Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva, enfatizando que la labor legislativa debe honrar la memoria de las víctimas y asegurar que el sistema de justicia responda con sensibilidad ante el impacto social y humano que este delito genera en las familias guanajuatenses.