La Fiscalía General de la República (FGR) presentará un recurso de apelación contra la suspensión del proceso contra Emilio Lozoya por el caos Agronitrogenados. Fue el juez de Control Federal, Gerardo Genaro Alarcón López, quien resolvió librar de la acusación y pago de reparación del daño al exdirector de Pemex, medida que la FGR calificó de “ilícita, injusta y notoriamente parcial”. "Al decretar la suspensión del procedimiento contra Emilio L. (el juez) violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que señalan los artículos del 186 al 190″, indicó en un comunicado. Las violaciones son por haber dado por reparado el daño que causó Alonso Ancira por la venta de la planta de Agronitrogenados -dirigida por Emilio Lozoya-, que no ha sido aceptado explícitamente por las víctimas. Asimismo la omisión de que a Lozoya se le acusa de haber recibido un soborno de Ancira con el que adquirió una residencia de lujo en la Ciudad de México, lo que supone el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía señala que la suspensión también viola preceptos terminantes de la Ley de Amparo y del Código Nacional, con lo que se produce un grave daños a las víctimas y una ventaja indebida al procesado. Argumentó que el juez se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los del caso Agronitrogenados, que corresponde a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México. "El juez sí actuó ilegalmente, al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes, su acuerdo; ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un acuerdo para uno de los imputados de un delito les beneficie al resto de los involucrados.”

El juez, añadió la FGR, omitió señalar que Emilio Lozoya no ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con las víctimas, dejándolas en estado de indefensión en los términos de lo señalado por el artículo 20 de la Constitución y 109 del Código Nacional. "Es necesario reiterar que a Alonso A., se le procesó por haber vendido a Pemex, de manera abusiva, una planta industrial en un valor desmesurado e injusto. Y a Emilio L., se le imputa haber recibido un soborno de cerca de 4 millones de dólares, con los que compró ilegalmente un inmueble de alto lujo, cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, concluyó. Con información de López-Dóriga Digital.