San Luis Potosí, SLP. — La Comisión Nacional del Agua (Conagua) brinda acompañamiento y asesoría jurídica al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para analizar la factibilidad de rescindir el contrato de concesión del acueducto El Realito, operado por la empresa española Aquos El Realito, informó el delegado federal de la dependencia en la entidad, Darío Fernando González. El funcionario federal aclaró que, al ser el Gobierno del Estado el titular del título de concesión y del convenio firmado con la firma transnacional, la facultad legal de modificar, cancelar o rescindir dicho instrumento recae de manera exclusiva en la administración estatal. En este contexto, la Conagua interviene como instancia de apoyo técnico y jurídico para construir una alternativa jurídicamente sólida. González enfatizó que la prioridad de las mesas de trabajo es alcanzar una mediación que permita poner fin a la relación contractual sin comprometer el erario estatal. Detalló que, dado que a la concesión le resta cerca de una década de vigencia, un cierre anticipado mal ejecutado podría derivar en sanciones económicas o indemnizaciones en contra del Estado. No obstante, el delegado puntualizó que la balanza jurídica también contempla penalizaciones severas contra la empresa Aquos debido a las recurrentes deficiencias e interrupciones en el abasto de agua potable a la zona metropolitana de San Luis Potosí. En ese sentido, reveló que durante el último año se han contabilizado al menos nueve fallas graves en la infraestructura del acueducto. De acuerdo con la información institucional, la compañía ya fue notificada de formalmente sobre las sanciones económicas derivadas de estos incumplimientos.

El representante de la Conagua señaló que la meta de las negociaciones radica en conciliar los saldos pendientes entre las sanciones aplicadas a la empresa y las obligaciones del contrato, de modo que se concrete una rescisión por mutuo acuerdo. Finalmente, precisó que los montos exactos de las penalizaciones acumuladas deberán ser informados por la Secretaría de Finanzas o la dependencia estatal correspondiente, al tratarse de un contrato suscrito directamente por el Ejecutivo local.