El mercado inmobiliario en San Luis Potosí mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en los precios de la vivienda, fenómeno que, lejos de ser aislado, forma parte de una dinámica nacional e incluso global, aseguró Neil Castro, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la entidad.

De acuerdo con el dirigente, durante 2025 el sector inmobiliario aportó cerca del 6 por ciento al Producto Interno Bruto del país, consolidándose como una de las actividades económicas más relevantes, por lo que explico que este dinamismo ha venido acompañado de una apreciación constante en el valor de las propiedades, particularmente en zonas urbanas con alta demanda.

Detalló que el año pasado la vivienda usada registró un incremento aproximado del 8.2 por ciento en su valor, mientras que la vivienda nueva alcanzó alzas cercanas al 10 por ciento y este comportamiento ha encarecido el acceso a la compra de inmuebles, provocando que un número creciente de personas opte por el arrendamiento.

“Hoy el principal reto es la asequibilidad”, advirtió Castro, al señalar que el mercado enfrenta una brecha entre los precios de la vivienda y la capacidad de compra de la población, donde esta situación ha generado un desplazamiento hacia el mercado de rentas, elevando también los costos en este segmento.

El líder inmobiliario explicó que factores como la llegada de nómadas digitales y el incremento del turismo extranjero han intensificado la demanda en entidades como lo es San Luis Potosí, lo que, bajo la lógica de oferta y demanda, presiona aún más los precios al alza.

A ello se suman problemáticas estructurales, como el encarecimiento del suelo en muchos casos de origen ejidal o comunal y procesos burocráticos que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

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Pese a estos retos, Castro subrayó que el sector se mantiene sólido, aunque enfrenta el desafío de fortalecer la confianza de los compradores, y destacó la importancia de la profesionalización y la regulación dentro de la industria para garantizar operaciones seguras y proteger el patrimonio de las familias.