En Morena crece la sospecha de que Ricardo Monreal no sólo tolera, sino que protege a Alejandro Alito Moreno Cárdenas. La razón es tan burda como evidente: el PRI se ha convertido en una de las principales vías para que la familia Monreal conserve la gubernatura de Zacatecas en 2027, con Saúl Monreal como candidato.

Cancelada la opción de competir por Morena –gracias al candado contra el nepotismo– y echada a andar una ficticia disputa familiar entre los Monreal, el tricolor aparece como la tabla de salvación de una dinastía política que no conoce la palabra retiro.

En el caso de Alito, las pruebas en su contra sobran. Desde desvíos millonarios denunciados por Layda Sansores en Campeche hasta agresiones físicas contra Gerardo Fernández Noroña, pasando por denuncias administrativas y penales.

Jurídicamente nada impide su desafuero ni su sometimiento a juicio político. La ley es clara: la Cámara de Diputados sólo debe retirarle la inmunidad para que un juez lo procese. Y en ambas cámaras, Morena tiene los votos para hacerlo.

El problema no está en la aritmética parlamentaria, sino en la voluntad política de San Lázaro, donde Monreal mueve los hilos. La falta de acción se combina con la pasividad de Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, quien casualmente promueve un nuevo partido con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum (CSP).

Mientras tanto, Alito gana tiempo, se victimiza y hasta coquetea con la idea de pedir asilo político en Estados Unidos, en caso de que la soga se apriete.

En Palacio Nacional prevalece la cautela. Sheinbaum no quiere cargar con el costo de aparecer como protectora de Moreno Cárdenas, pero tampoco parece interesada en romper el equilibrio interno de Morena.

El resultado es un limbo político: denuncias archivadas, un fuero intacto y un dirigente priista que sigue jugando a dos bandas.

Lo cierto es que todo está en manos de Monreal y su grupo. Y hasta ahora, la única certeza es que la justicia se negocia en función de intereses familiares y cálculos electorales.

En este tablero, Alito no es el perseguido: es el protegido. Y en esta trama, el mensaje es lapidario: la 4T puede con todo, menos con sus propios acuerdos de impunidad.

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DONDE NO terminan de ponerse de acuerdo es en el Poder Judicial. Las lagunas jurídicas, administrativas y legales que dejó la Reforma empezaron a generar estragos, sobre todo entre el Órgano de Administración (OAJ), que comanda Néstor Vargas Solano, y el Tribunal de Disciplina, que preside Celia Maya.

El OAJ quiere apropiarse del personal y estructura del viejo Consejo de la Judicatura, mientras que el nuevo Tribunal da por hecho que muchas de esas posiciones les corresponden. No hay acuerdos y en diversas áreas ya se han presentado jaloneos y fricciones.

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EL PRÓXIMO 8 DE SEPTIEMBRE, el Paquete Económico 2026 llegará al Congreso de la Unión con la marca de Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda.

La primera confirmación ya enciende las alarmas: un nuevo impuesto a las refresqueras, según adelantó Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia.

La duda ahora es si el mismo criterio fiscal se ampliará al alcohol, al tabaco y a la comida chatarra, todos en la lista negra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su mandato declaró la guerra a los productos que alimentan la obesidad.

El dilema es claro: ¿medida de salud pública o simple pretexto para engordar la recaudación?

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En política no hay coincidencias, sólo conveniencias”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ