Omar García Harfuch, que encabeza las encuestas en Morena en CDMX, ha sido atacado por los “puros” de la 4T por su “perfil policiaco”; él lejos de ocultarlo, lo presume orgulloso. A final de cuentas, son sus resultados como secretario de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum los que, en buena medida, lo tienen en la antesala de la candidatura a la jefatura de gobierno. Cada quien tiene su historia. Y su historial. Así como Harfuch encuentra en la seguridad su hoja de vida, Clara Brugada, que busca el mismo cargo, tiene sus antecedentes en el precedente de Morena, el PRD, y una de sus principales banderas: el derecho a una vivienda popular digna. El sol azteca dio varias batallas legales, sí, pero también arropó a distintos grupos sociales que se hicieron de viviendas o espacios de forma irregular o a través de invasiones o asentamientos irregulares. Así incrementó, entre otras cosas, su base popular. Ese contexto importa en la hoja de vida de la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, porque Brugada tiene omisiones en declaraciones a las que estaría obligada por ley.

Ella no lo ha hecho explícito, pero tiene a su nombre un inmueble que inicialmente fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la CDMX en 1993 por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable, dependiente de SEDATU. Esta columna tuvo acceso a ese expediente. El folio real muestra que esa dependencia fue registrada como la propietaria inicial de dicho inmueble y, de acuerdo con la información confirmada por este espacio, Brugada lo adquirió en compraventa el 29 de junio de 1994, por un precio de solo $339 pesos; fungiendo como la vendedora la CORETT precisamente, y representada en dicho acto por la funcionaria Elena Solís Pérez. La compraventa quedó registrada en la escritura pública número 7,366, ante el notario público 170 de la capital, Lic. Mario Pérez Salinas. Para realizar esta transacción, Brugada señaló residir en ese mismo lote y dijo que tenía como profesión la de “investigadora pública”. Brugada, pues, reconoció que ocupaba dicho predio desde antes, cuando era propiedad del Estado, en la época de la regularización de grupos de “paracaidistas”. Esta columna confirmó que la alcaldesa llevó a cabo una apertura de garantía hipotecaria años después, el 4 de agosto de 1998 por 27 mil 450 pesos, mismo que solicitó al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C, lo que llama la atención si se considera que Brugada habría liquidado el costo del inmueble ($339 pesos) cuatro años atrás. ¿Ese es el motivo de que las declaraciones patrimoniales de Brugada ante la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX no estén disponibles? ¿Se esconde algo? Brugada habría adquirido de manos del Estado un predio a un precio apenas simbólico; quizá sea uno de los más baratos que haya poseído un funcionario. Es curioso, con ese antecedente, que haya información incompleta sobre su declaración patrimonial, y que Brugada explícitamente no declare bienes adquiridos. ¿Hay algo que oculta la aspirante al gobierno de la Ciudad? ¿Fue irregular la operación con la que adquirió el predio? ¿Fue legal? ¿O prefiere enterrar ese pasado? POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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