“DECLINAR”, PORQUE ESO les da derecho a que “se vayan con sus alforjas llenas”, afirmó el martes por la tarde el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Simultáneamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó la renuncia de los ocho ministros, porque si no lo hacen, “no pueden recibir los haberes”. Los morenistas están tan preocupados por la votación del martes próximo del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que quieren hacerlos ver como hambreados por una pensión. Haber de retiro que miserablemente ahora les regatean, cuando la misma reforma que ellos votaron establecía la renuncia voluntaria antes del 31 de octubre si no aceptaban someterse al voto popular. Hacerlo y cobrar la pensión fue el acuerdo al que llegaron hace apenas unas semanas atrás con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López. Un haber de retiro que por cierto no le cuestionan a la diputada federal morenista y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que lleva cobrando 215 mil pesos mensuales desde el año 2015. Tampoco nada dicen del haber de retiro de 193 mil pesos al mes, que desde el año pasado cobra el Coordinador General de Política y Gobierno de Sheinbaum, el también ministro en retiro, Arturo Zaldívar. Los dos, Sánchez Cordero y Zaldívar Lelo de Larrea, perciben muy por arriba de los 130 mil pesos mensuales que ganaba Andrés Manuel López Obrador y que gana Claudia Sheinbaum. Si Monreal y Fernández Noroña siguen en su postura miserable, los ministros que ayer oficialmente entregaron al Senado sus respectivas renuncias se irán sin la liquidación y pensión que la ley les otorga. Luis María Aguilar, que en diciembre cumple su periodo de 15 años, debería tener derecho a 130 mil pesos; Jorge Mario Pardo Rebolledo, a 125 mil 658 pesos; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a 109 mil 772 pesos. Alberto Pérez Dayán también a 109 mil 772 pesos; Javier Laynez, a 83 mil 772 pesos; Norma Piña, igual 83 mil 772 pesos; González Alcántara, a 57 mil 772 pesos, y Margarita Ríos Farjat, a 49 mil 101 pesos. No bueno, un “montón de dinero”… las “alforjas llenas”. NINGUNO DE LOS trenes de pasajeros anunciados es autofinanciable y por eso nadie levanta la mano en el sector privado. De acuerdo al marco legal, para que el gobierno los subsidie con recursos públicos la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, debe medir su rentabilidad social. El único tren que se ve factible sin tirar el dinero es el San Juan del Río, Querétaro, a Celaya, Irapuato y León, en Guanajuato. Si el México-Querétaro tuviera una duración de 130 minutos pocos lo usarían, y se construye para que el trayecto tarde 80 minutos terminaría costando cinco veces lo que costaría el de 130 minutos. Por lo pronto, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó las reformas constitucionales en materia de vías ferroviarias, con lo cual subordina el uso de la infraestructura que pertenece a la nación a explotarse primero para fines de transporte de pasajeros y después a carga, con lo cual acota al Canadian Pacific Kansas City, que dirige Oscar del Cueto, y a Ferromex, de Germán Larrea. El ajuste legal era necesario. AYER LA SUPREMA Corte, que preside Norma Piña, sacaría todos los expedientes relativos a la NOM 051 sobre etiquetado de alimentos con alto grado calórico. Tal cual le adelanté, la Segunda Sala resolvería la eliminación de los personajes llamativos en los empaques, proyecto que empujó el ministro Javier Laynez. También se abordarían los amparos de Ricolino, Sabritas, Mondelez, Kellogg, Xignux y Coca-Cola contra las reformas al Reglamento en materia de publicidad para impedir la promoción de personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, mascotas, descargas digitales y otros. Estos proyectos fueron de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres y el ministro Alberto Pérez Dayán.Pero al final todos los quejosos se desistieron y los expedientes fueron sobreseídos. Sin duda, una victoria redonda para la organización El Poder del Consumidor, que lleva Alejandro Calvillo. EN MÁS DE la Corte, la Primera Sala también tenía previsto desahogar ayer el expediente 456/2024, un recurso de reclamación de Santander, que dirige ahora Felipe García Ascencio. Se refiere al palo que le dio el pleno que presidía Arturo Zaldívar en enero de 2022, cuando desechó atraer el expediente en el que jueces y magistrados lo condenaron a resarcirle a las señoras Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, herederas de Roberto Garza Sada, el fundador de Grupo Alfa. El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat estaba listado pero no se subió, lo que previsiblemente será hasta la próxima semana. El sentido va en negar el recurso, de ahí que el banco de Ana Patricia Botín y su abogado, Javier Quijano, están intentando por tercera ocasión meter el tema, ahora con el apoyo de la ministra Loretta Ortiz, que no pierde oportunidad para levantar el teléfono y pedir a las empresas que ayuden a su yerno, Abel Chávez. EXTRAÑA Y A destiempo la demanda colectiva que el martes interpuso la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Andrea Marván, por manipulación en abasto y precios de medicamentos. El caso se denunció hace tanto tiempo, que ya ninguna de las empresas denunciadas existen. Hablamos de Casa Saba, que fuera de Alberto y Manuel Saba, que en 2013 fue adquirida por Alliance Boots y ésta un año después vendiera a Walgreens; Casa Marzam, que el dueño de Nadro, Pablo Escandón, intentó adquirir en 2020 vía su esposa, Marina Matarazzo, terminó en Genomma Lab, de Rodrigo Herrera, y éste la vendió al financiero Luis Doporto, y finalmente Fármacos Especializados, de Francisco y José Antonio Pérez Fayad, que desapareció el sexenio pasado en medio de denuncias de corrupción por las compras consolidadas del IMSS. ¿Quién va a resarcir a los consumidores? POR DARÍO CELIS ESTRADA         

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