“En un mundo de amenazas complejas, nuestra seguridad y liderazgo dependen de todos los elementos de nuestro poder, incluida una diplomacia sólida y basada en principios”. Barack Obama.

En los últimos días ha surgido una enorme preocupación en nuestro país por las acciones que potencialmente puede llevar a cabo el gobierno norteamericano, a partir del regreso a la presidencia de Donald Trump.

Entre muchos otras se temen las consecuencias de la orden ejecutiva para declarar los carteles mexicanos como organizaciones terroristas; la amenaza de imposición de tarifas arancelarias a las exportaciones de nuestro país y el inicio de programas de deportación masiva hacia nuestro país, incluyendo migrantes indocumentados de otros países.

Respecto de la declaratoria de organizaciones terroristas a los carteles mexicanos, es importante destacar que, contrario a lo que se ha divulgado, esta acción no tiene como propósito fundamental la posibilidad de llevar a cabo acciones de intervención militar directa en nuestro país. Esta medida está mucho más relacionada con la posibilidad de utilizar herramientas del marco legal norteamericano para imponer sanciones o aplicar acciones judiciales para atacar las actividades de esos cárteles y de cualquier persona u organización, inclusive dentro de Estados Unidos, que se considere que facilita su actividad criminal. Ello potencialmente permitiría el decomiso de recursos en los EUA, de cárteles y de empresas que se considere que están colaborando o facilitando las actividades de los grupos delictivos mexicanos.

Conociendo cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, particularmente la parte persecución de los delitos y la actuación de agencias encargadas de combatir a la delincuencia (por ejemplo, la DEA), existe la posibilidad de que no se aplique a cabalidad en ciertos casos, las previsiones de la ley, cuando se trate de organizaciones norteamericanas que, por su importancia, se prefiera, no ejercer algún tipo de acción en su contra.

Pero también podemos recordar casos en los que fiscales federales de ciertas regiones de Estados Unidos han actuado con muchísimo celo para tratar de vincular a proceso personas y organizaciones que se considera que cooperan con alguna organización criminal o tipificada como terrorista.

Por lo que se refiere a aranceles, hoy, el tratado comercial entre los tres países prevé la imposibilidad de establecer aranceles, excepto en los casos en los que a través de estos se busque compensar alguna actividad de los países participantes que sea contraria a las reglas del propio tratado, por ejemplo, en violación a reglas de origen. Este sería el caso de aplicarlas a ciertas exportaciones de México, que pudiese documentarse que están utilizando de manera indebida, suministros o mercancía de origen chino. Alguno de los mensajes del presidente Trump apuntan a utilizar los aranceles como mecanismos de presión frente a temas de cooperación, por ejemplo, en el contrabando de fentanilo, pero el tratado no contempla la posibilidad de establecer aranceles generales o no relacionados con los temas previstos en el tratado. Por ello, si bien existe siempre la posibilidad de que arbitrariamente se trata de imponer aranceles, existen mecanismos de controversia del propio tratado para combatirlos.

En el pasado, el presidente Trump habló de imponer aranceles de manera generalizada y esto se acabaron limitándose a temas muy específicos, como en el caso del acero. Por ello, habría que pensar que la amenaza general es eso, una amenaza, pero sí existen mecanismos de imposición que podrían afectar las exportaciones mexicanas.

México dispone a su vez de mecanismos para generar presión de los Estados Unidos. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de sustituir la fuente de sus importaciones en maíz dedicado al forraje, porque una parte significativa de ese maíz se importa de Estados Unidos; podríamos sustituir una parte de esas importaciones desde Sudamérica, lo que generaría una presión importante en estados productores de maíz, que son base importante de votantes para el partido republicano.

Por lo que se refiere a las deportaciones masivas, los flujos migratorios netos entre México y Estados Unidos han cambiado. En la segunda presidencia de Obama y algunos años de Biden, se tuvieron más de deportaciones que durante el periodo inicial de Trump. La amenaza de deportaciones masivas también debe de ser ponderada en función de que existen sectores, particularmente el de la construcción y el agrícola, que dependen de manera significativa de la mano de obra migrante. Tan sólo en los esfuerzos de reconstrucción que se requerirán para California, se requerirá la mano de obra migrante.

Evidentemente, para México, aunque no se trate de deportaciones masivas, pueden generar una presión significativa sobre todo en ciudades fronterizas, que ya enfrentan una afectación frente a poblaciones migrantes, particularmente de otros países estacionadas en esas ciudades.

México y su gobierno deben analizar adecuadamente la dimensión de estas medidas, para entender hasta dónde pueden llegar a ser amenazas y hasta dónde acciones concretas, para preparar las medidas diplomáticas, coyunturales y de negociación que permitan reducir su impacto.

El presidente Trump busca ante todo generar la imagen de que sus amenazas provocan respuestas del gobierno mexicano. Probablemente tendremos que tragar sapos en la negociación, no tanto en las medidas, sino en la retórica que Trump utilizará hacia adentro de su país para demostrar que ganó en la negociación.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares