El representante del PRI en San Luis Potosí, Adolfo Micalco Méndez, se pronunció respecto a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló que a partir de abril de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Micalco Méndez señaló que, en el pasado, durante la gestión de Pablo Gómez Álvarez de noviembre de 2021 a agosto de 2025, diversos sectores, incluyendo oposición, empresarios y analistas, acusaron a la dependencia de actuar como un instrumento de persecución política y mediática contra críticos del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, afirmó que actualmente se analizan alternativas para garantizar que la UIF cumpla con su función de combatir el dinero ilícito, pero con límites claros que eviten prácticas de revancha, presión o represión contra opositores.

Entre las principales críticas, se señaló que la UIF habría priorizado investigaciones contra opositores, periodistas, empresarios y organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en lugar de enfocarse en redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. Asimismo, se denunció la presentación de informes financieros de personas críticas al gobierno durante conferencias de prensa oficiales, lo cual fue calificado como una posible violación a la presunción de inocencia y un uso faccioso de información confidencial. Cabe recordar que en agosto de 2025, tras el cambio de administración federal, se anunció la salida de Pablo Gómez de la UIF para encabezar la comisión presidencial para la reforma electoral, movimiento que analistas consideraron como una salida “decorosa” en medio de cuestionamientos por el manejo de la institución.

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