Las discrepancias entre las cifras oficiales de delitos generan dudas sobre el verdadero comportamiento de la inseguridad en México, advirtió Francisco Salazar Soni, experto en temas de seguridad, quien señaló que existen diferencias significativas entre los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En entrevista para “Así las Cosas”, Salazar Soni explicó que el reporte de una disminución en los delitos debe analizarse con cautela, pues no necesariamente significa que los ilícitos estén disminuyendo en la misma proporción. Consideró necesario determinar si se trata de una reducción real o de modificaciones en la forma en que se registran los delitos. El especialista señaló que existen variaciones estadísticas importantes entre las instituciones y advirtió sobre una posible reclasificación de delitos hacia categorías que generan menor impacto político o social. Como ejemplo, mencionó el caso de Quintana Roo, donde se reportaron 589 víctimas dentro de la categoría de “otros delitos contra la libertad”, pero ningún secuestro. A su consideración, este tipo de clasificación puede modificar considerablemente la percepción ciudadana sobre la magnitud de un problema de seguridad. Salazar Soni también cuestionó la narrativa oficial sobre la reducción de homicidios dolosos. Aunque reconoció que existe una disminución, afirmó que esta no sería tan significativa como el 51 por ciento señalado por el Gobierno Federal, debido a que existen otros delitos y fenómenos que no aparecen reflejados de la misma manera en las estadísticas. Explicó que una de las diferencias principales radica en las fuentes utilizadas para generar los registros. Mientras el INEGI toma como base los certificados de defunción, el Secretariado Ejecutivo utiliza las carpetas de investigación proporcionadas por las fiscalías estatales. De acuerdo con el experto, estas diferencias han permitido identificar miles de homicidios que no fueron clasificados como dolosos. Señaló que, a nivel nacional, existen más de cuatro mil casos con discrepancias en la clasificación, mientras que en Jalisco estimó una diferencia de 158 homicidios no registrados como dolosos. A esto se suma la denominada cifra negra, es decir, los delitos que ocurren pero no son denunciados ante las autoridades. Salazar Soni estimó que en México esta cifra oscila entre 94 y 95 por ciento, por lo que una gran parte de los delitos que afectan a la población no llegan a formar parte de las estadísticas oficiales. El especialista sostuvo que la percepción de inseguridad de la población también debe ser considerada como un indicador para contrastar los datos oficiales, pues las experiencias cotidianas de los ciudadanos pueden no coincidir con las cifras difundidas por las autoridades. Advirtió además que la alteración, reclasificación o falta de registros precisos puede tener consecuencias directas en las políticas públicas, ya que las estrategias de seguridad se diseñan a partir de los datos disponibles. “Al modificar la estadística criminal en voz de una narrativa triunfal”, dijo, se corre el riesgo de frenar el fortalecimiento de las instituciones, la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la investigación del delito y las capacidades de las fiscalías. Salazar Soni consideró que el problema corresponde principalmente a las entidades federativas, debido a que más del 90 por ciento de los delitos son del fuero común. Por ello, llamó a fortalecer los mecanismos de registro y a mantener una revisión crítica de las cifras oficiales desde la academia y la sociedad civil. Finalmente, señaló que México enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad y consideró que en algunas regiones ya no puede hablarse únicamente de inseguridad pública, sino de problemas de gobernanza criminal, con territorios donde existen restricciones para el tránsito y una presencia importante de grupos delictivos. Ante el próximo proceso electoral, el experto llamó a la ciudadanía a consultar distintas fuentes de información y evitar quedarse con una sola narrativa sobre la situación de seguridad del país, ya que una percepción falsa de tranquilidad podría tener consecuencias para las familias y las comunidades.