Delitos presuntamente cometidos por exfuncionarios estatales, como daño al erario, peculado y fraude, pueden prescribir por el paso del tiempo, explicó el abogado Marco Polo Méndez Alonso, presidente de la Asociación Potosina de Abogados (APA), quien agregó que se debe tomar en cuenta la penalidad que corresponda al delito en particular y la misma irá en razón del monto del recurso que haya sido desviado o dispuesto indebidamente. Apuntó que existe una prescripción para la presentación de la denuncia o querella, y para la para el ejercicio de la acción penal. Cabe mencionar que, en meses anteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gobierno, reveló que presentó una denuncia ante la FGE en contra de exfuncionarios, por los presuntos delitos de cohecho, peculado, uso indebido de la función pública respecto del sistema de movilidad de Red Metro. Además de empresas contratistas, se informó que en la denuncia están relacionados exfuncionarios del gobierno de Fernando Toranzo. El abogado dijo que para evitar que este tipo de delitos prescriban, se deben tener actuaciones ante la instancia encargada de la procuración de justicia para pedir que los casos sean investigados o bien, aportando datos de prueba para que la carpeta no se estanque. “Lo recomendable es que se sigan aportando actuaciones, datos de prueba, información; muchas veces se quedan los temas en espera por falta de algún dato, lo que se requiere es llevar a cabo actuaciones ante la Fiscalía, incluso una petición de que la policía de investigación continúe con la investigación, pedir una información, agregar un documento”. Una actuación de esa naturaleza bastaría para interrumpir la prescripción y se volvería a contar desde cero, a partir de esa última actualización, dijo. En este sentido, cuestionado respecto del tiempo que pudiera transcurrir en la resolución de estas investigaciones, el abogado puntualizó que cada caso tiene sus exigencias especificas en particular. Aunque destacó que, con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se vuelven asuntos ágiles de resolver, precisó que al tratarse de funcionarios de la administración 2009-2015, las investigaciones en su contra pudieran regirse bajo el anterior sistema penal. “Habrá que verificar los que hayan surgido a partir del 2016, que es cuando entra en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, estarían bajo ese esquema, y del 2016 hacía atrás tendrían que regirse por el sistema anterior”. No obstante, calculó que la resolución del proceso no tendría que pasar de un año.

Explicó que, si se encuentra en una etapa de investigación, la temporalidad varía en relación con la penalidad que se prevea para el delito, En este caso en particular, tanto para el fraude como el peculado, se establecen por lo menos, cinco fracciones en cuanto a los montos; van desde penalidades muy bajas que pueden ser de meses hasta altas de varios años. En este caso, explicó Méndez Alonso, la prescripción suma el mínimo y máximo de la pena y saca lo que es una media aritmética, “si fuera la mínima de un año y la máxima de 12 años, hablamos de 13 años y la media aritmética sería 6.5 años, esa prescripción no pudiera ser menor a 3 años”, comentó.