PARA QUE MÉXICO obtenga otra prórroga “de más largo plazo” de Donald Trump en la aplicación de los aranceles, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe cumplir cinco condiciones muy duras, que sentarán las bases para un nuevo acuerdo político, comercial y de seguridad nacional con Estados Unidos.

1.- El gobierno de la 4T debe atacar en serio y a fondo a los grupos de la delincuencia organizada y eso significa separar y extraditar a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales vinculados al narcotráfico. Los dichos de Trump de que México tiene una relación intolerable con el crimen organizado, tiene su origen en que las agencias de seguridad de los Estados Unidos han investigado y documentado nexos de políticos y dirigentes con narcos. Nos dicen que muchos capos en los estados son políticos. La Casa Blanca quiere que el gobierno mexicano dé los primeros pasos en este sentido: combatir a los cabecillas del narco y extraditarlos a EU

2.- Otros gobiernos, desde Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto, han sido omisos, permisivos, tolerantes y promotores de la migración ilegal a Estados Unidos. El tráfico de personas de países de Centroamérica está ligado al tráfico de drogas, pero también a personajes políticos disfrazados de inmigrantes que van a Norteamérica no en busca de trabajo y de nuevas formas de vida, sino con una agenda política anti EU. Se trata de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero también asiáticos y orientales.

En ese sentido, la administración Trump quiere que México en verdad se convierta en un filtro de inmigrantes con un muro en la frontera sur y en la frontera norte para detener la inmigración ilegal. Para ello, los funcionarios de migración mexicana deben tener el compromiso de frenar todo aquel sospechoso de desestabilizar la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento de Estado de EU, que encabeza Marco Rubio, quiere que el gobierno de México trabaje de manera coordinada y con objetivos comunes para frenar, desde la frontera sur, el tráfico de drogas y personas que vienen de cualquier parte del mundo y que pasan por Chiapas hacia México.

3.- Las agencias de seguridad de EU coinciden en que el gobierno mexicano ha hecho casi nada en el blanqueo de dinero por parte de las autoridades financieras. Más bien tienen la impresión de que la delincuencia de cuello blanco, las instituciones financieras privadas y los grupos delincuenciales pueden hacer todo tipo de operaciones bancarias, sin límite alguno.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Rogelio Ramírez de la O, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente y parte de la banca extranjera acreditada en México, no se han aplicado como deben: pasan muchos recursos irregulares y no hay mayor fiscalización.

Para tener un mejor y mayor control del dinero que proviene de los cárteles de la droga y que se lava en la banca mexicana, las autoridades deben establecer mayores controles y ser supervisados por los gobiernos internacionales, sobre todo el de Estados Unidos.

Una prueba de lo anterior, es que en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, sobre todo, en el de Andrés Manuel López Obrador no hubo peces gordos del mundo financiero, a quienes se le incautaran recursos, y sólo operadores financieros menores de los cárteles: ni banqueros, ni financieros, ni empresarios.

4.-Fuentes del gobierno de EU opinan que el problema es que los cárteles controlan regiones del país, tienen infiltradas a las policías y a los cuerpos de seguridad de los estados. Pero lo más grave es que el gobierno de la República no tiene el control de la operación.

La reacción de Trump contra el gobierno mexicano, acusándolo de un narcogobierno, se debe en buena medida a que agencias como la CIA de John Ratcliffe y el FBI de Kash Patel tienen documentados casos donde el gobierno ha sido y es omiso en el combate a la delincuencia organizada.

Las políticas públicas llevadas a cabo en los últimos dos gobiernos fueron más bien reactivas contra los grupos delincuenciales.

El gobierno de Trump quiere que la cooperación entre México y EU sea más estrecha, que la confianza del grupo de Seguridad que lidera Omar García Harfuch se gane la colaboración de las agencias porque muchos creen que la información que se le transmite al gobierno mexicano podría parar en manos de los grupos criminales.

5.- El jefe de la Casa Blanca cree seriamente que la frontera con México, que el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, que el tráfico de migrantes y su paso por México de grupos de extrema izquierda y fundamentalistas con destino a EU, sí son un verdadero peligro para la seguridad nacional.

Por eso piden que la colaboración del gobierno mexicano y las acciones que éste tome en contra de la delincuencia, de lavado de dinero y de la migración ilegal, se tome en serio por el gobierno de Sheinbaum.

Trump recibió información de las agencias de seguridad de su país que evidencian fehacientemente que el narco tiene infiltrado y controla algunos gobiernos.

Por eso la presión que ejerce sobre México es real, quiere resultados pronto y quiere ver al gobierno de México encabezando esta lucha en contra del monstruo de varias cabezas, que es la delincuencia organizada y que se expresa en grupos políticos y policías vinculados a estos grupos, además de financieros, banqueros y empresarios. Cuando el gobierno de la Presidenta Sheinbaum avance “en serio” en estas medidas y haga lo suficiente, Trump dejará de utilizar los aranceles como un arma política y confiará en el gobierno mexicano y asumirá que el vecino del sur es un aliado confiable y que no pone en riesgo su seguridad nacional.

EN EL MARCO de la reunión entre el Gabinete de Seguridad de México con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los funcionarios de la administración Trump pidieron un estricto control de las aduanas de México, particularmente las de la frontera norte, y los puertos mexicanos que exportan productos a la unión americana.

El equipo de la Casa Blanca propuso que en lo que será el nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, se homologaran las regulaciones aduaneras en la operación, de modo que los tres países tengan en los principales puertos, aeropuertos y aduanas interiores, funcionarios, íntegros, que pasen pruebas de confianza y que se integren en un mismo equipo. Lo que no gustó mucho, es que el ex presidente designara al encargado de las aduanas en México, Rafael Marín Mollinedo.

La propuesta es que los tres gobiernos tengan las mismas regulaciones, dicho de otro modo: que vamos a adoptar las regulaciones aduaneras de Estados Unidos. Que los funcionarios de México y Canadá se sometan a todas las pruebas de los funcionarios de aduanas de Estados Unidos. Un mismo equipo, aunque cada uno trabaje para gobiernos diferentes, de modo que utilicen y apliquen los mismos criterios en el despacho aduanero para evitar la discrecionalidad de los funcionarios de los tres países.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE