Ya estamos en el mes de octubre, han pasado 11 meses desde que se promulgó la Ley General de los Asentamientos Humanos en México, que en sus artículos transitorios establece, entre otras muchas cosas, que los estados tendrán un año para actualizar sus Leyes. La nueva Ley Federal y la Nueva Agenda Urbana de la Organización de Naciones Unidas motivan la actualización obligatoria de toda la normatividad en materia de desarrollo urbano, esto es, una Reforma Urbana casi de la magnitud de las otras reformas que inició la actual administración federal. Muchos de los grandes cambios se originan por la incorporación de nuevos conceptos como: La centralidad en las personas: lejos de esquemas sectoriales de planeación, es decir de un modo que implica planificar sectores y usos del suelo, se debe pensar en las actividades que realizan las personas, planificar uso de suelo mixto y con un enfoque basado en redes, interacciones que suceden en la ciudad como resultado de cómo nos movemos o por qué nos movemos. El derecho a la ciudad: este tal vez, es la innovación más riesgosa, ya que puede derivar en vacíos institucionales, legales y de garantías, es decir, ¿qué implica el derecho a la ciudad? ¿qué institución procurará su cumplimiento? ¿qué reglamentos establecerán los derechos urbanos? diferentes a los derechos individuales ya garantizados como la educación y la salud, o bien ¿qué garantías le tocan otorgar al Estado para el establecimiento de este derecho? La movilidad y la energía: dos retos principales que tiene la ciudad y que están establecidos en los objetivos de desarrollo sostenible. No implica mover a más gente, sino cómo evitar que la gente se mueva innecesariamente, que pase mucho tiempo en el automóvil o que se muevan en automóvil, es un enfoque completamente diferente de movilidad. Por su parte, la energía requiere de una planeación transversal con otras leyes, ¿cómo aprovechar la reforma energética para crear ciudades más eficientes? La participación ciudadana activa: lo cual implica que la sociedad organizada participe en la toma de decisiones y no sólo como concejales en los espacios que legitiman la acción urbana. La sociedad que es más exigente debe ser corresponsable, por ello, la participación debe de ser una garantía pero también una responsabilidad. Son estas algunas ideas de las grandes complicaciones que implica una Reforma Urbana como la que exige la Nueva Agenda Urbana, la nueva Ley y por supuesto el nivel de crecimiento urbano que registra nuestra ciudad… sí no tenemos una ley acorde a las nuevas exigencias, consensada, con nuevas instituciones, con la real comprensión de los nuevos conceptos que se incorporan y de los graves problemas que enfrentamos, difícilmente podremos generar una mejor ciudad. Esperemos que el H. Congreso pronto coloque en su agenda Legislativa el Desarrollo Urbano.