La violencia contra las mujeres no parece encontrar un límite, esta tan naturalizada que parece cosa normal que una persona agreda a otra por razones de género, es decir por hacer alusión a los roles y estereotipos con que históricamente hemos sido educadas las mujeres y los hombres. La asignación de roles de trabajo y de temas que nos toca llevar a cabo a las mujeres parecen estar definidas por nuestra condición de género, ¿nosotras no deberíamos saber del tema de seguridad pública?, ¿nosotras deberíamos llevar actividades propias de la debilidad de nuestro sexo?

Las preguntas las planteamos ahora en 2018, cuando fue el tema central de muchas luchas y actividades feministas a principios de los años setentas,  en esta etapa de nuestras vidas, quienes nos identificamos con el feminismo pensábamos que esas épocas se habían superado, por lo menos en cuanto a las personas que están en la función pública, porque hay mayor información, pero sobre todo porque hay que cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Primero  sobre los Derechos Humanos y sus Garantías.

Veamos por ejemplo, que una persona en la calle me diga que no me meta en temas de seguridad porque no son propios de mi condición de mujer, porque ante todo él como hombre me debe cuidar de que no me pase nada, puedo interpretar que esta persona considera que no tengo la capacidad para hablar de temas de seguridad porque es cosa de hombres y yo, mujer, delicada, tengo que esperar a que él como hombre hable del tema y dé soluciones brillantes y atinadas, porque su “obligación” como hombre es la de cuidar a los débiles y por consiguiente a las mujeres.

Ese planteamiento hipotético pareciera que es de otra época, de otro momento histórico. Lo que observamos es que está asentado en la cultura patriarcal con la que hemos vivido muchos siglos, tan normal que un nombre se haga cargo de cuidarnos, como en las cavernas, tan normal que se tenga el ideario colectivo de que nosotras desconocemos cómo resolver problemas de seguridad pública, nada, absolutamente nada justifica que sigamos siendo discriminadas por nuestra condición de mujeres, desde 1994 con la Convención Belem Do Pará se hace una conexión entre violencia contra las mujeres y discriminación.

Cambiemos de escenario, en lugar de que me lo digan en la calle me lo dicen en el Congreso del Estado, un servidor público, y además no me lo dice con palabras tan melosas como me lo dijeron en el otro escenario, sino que alza la voz y dice que le gustaría mucho que yo fuera hombre para “partirle su madre”.

¿Qué cambió? Parece que sólo el escenario, porque ambos son actos violentos.

Sólo que en el escenario dos, en el Congreso del Estado, el hombre que le dijo eso a la mujer tiene la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es más hasta juró que iba a hacerlo y que no violaría las Leyes.

Los Servidores Públicos deben velar por que se cumpla la Constitución y el Artículo Primero es el que deberían traer tatuado; los Diputados y Diputadas tienen la responsabilidad de saber qué hacer cuando tienen enfrente un micrófono, sea el de la tribuna legislativa, sea el de un medio de comunicación, sea el de un evento público, y deben estar plenamente conscientes de sus obligaciones, que entre otras, es promover y fomentar el respeto a los derechos humanos.

Deben tener claro que todas las personas somos iguales y todos gozamos de los mismo derechos, y que las personas en el servicio público, sean electas, de representación proporcional, o designadas están obligadas a “(…) promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…) y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”, además deben saber que está prohibida “(…) TODA discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Las personas no deberíamos sentirnos atemorizadas por otras personas que están  en un espacio en el que se discuten los aspectos legales y jurídicos con los que debemos actuar. Cuando escuchamos que en la Tribuna Legislativa hay actos de agresión por cuestiones de género, nos sentimos todas las mujeres más vulnerables aún, porque justo es en ese escenario en el que se deben gestar las leyes que estén encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, y cuando pasa lo contrario y se hacen comentarios violentos, misóginos, sexistas, machistas no sólo se lo dicen a la receptoras directa del mensaje, sino a todas.

Como sociedad exigimos que el escenario legislativo sea un recinto de igualdad recíproca, que no genere y ni reproduzca actos de violencia contra las mujeres, que quienes tienen la representación popular lleven acciones encaminadas a consolidar una igualdad plena.

Pero también exigimos congruencia: que si en el legislativo hay personas que tienen naturalizada la violencia contra las mujeres y lo hacen publico agrediendo a sus compañeras y compañeros, de inmediato se genere una reacción conjunta de todo el Poder Legislativo mediante un exhorto firmado por legisladores y legisladoras no sólo para evitar violencia de género o de cualquier otro tipo de violencia, sino que haya  mecanismos de sanción a quienes lo incumplan.