CIUDAD DE MÉXICO. El exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y la exministerio público federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, a quien atribuyen haber redactado la verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, hace casi seis años, están bajo proceso penal y en la cárcel. Participantes en la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, ayer en Palacio Nacional, revelaron a Excélsior que Gómez Arrieta, acusado por su presunta responsabilidad en desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala, se entregó a la justicia el jueves pasado. Por la tarde, vía Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas confirmó la entrega voluntaria del exjefe policiaco. En la reunión con los padres de los 43 normalistas, las autoridades federales les informaron que hace tres días, la Jueza Segundo de Toluca en procesos penales le otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) 25 órdenes de aprehensión en contra de personas de “estructura alta” y que se están realizando los trabajos policiacos para lograr la ubicación de esas personas. También les informaron que hasta el 2 de septiembre pasado, en la Barranca de La Carnicería, donde en noviembre de 2019 se encontraron los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, los investigadores de la FGR localizaron otros restos óseos que se suman a otros que ya tenían y que con ello se abrirán nuevas carpetas para su investigación. A finales de junio de 2019, apareció un video en Youtube donde se sometía a un interrogatorio y tortura a Carlos Canto Salgado. El hecho ocurrió, según el profesor, el 22 de octubre de 2014. En ese hecho se identificó la voz de Gómez Arrieta, que al momento de la difusión del video era subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció inmediatamente. Bernal Castilla era una agente del Ministerio Público Federal, adscrita a la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) –donde la desaparecida Procuraduría General de la República inició las investigaciones por la desaparición de los normalistas–; trabajaba al lado de la MPF Lourdes López Lucho, que ya murió. Ambas dependían –y eran muy cercanas– de Gualberto Ramírez, titular de la Unidad, quien dio forma jurídica a las investigaciones del prófugo exdirector de la Agencia de Investigación, Tomás Zerón de Lucio.

Blanca Bernal trabajaba directamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), su jefe directo era Jorge García Valentín y se encargaba de firmar todos los documentos. Aunque es un hecho que Bernal Castilla practicó diversas diligencias del caso de los 43 normalistas desaparecidos, no le conceden perfil para haber redactado la verdad histórica que presentó el exprocurador Jesús Murillo. Lo que sí es un hecho es que el pasado 4 de septiembre la exministerio público fue trasladada a la Ciudad de México y está acusada de cuatro delitos. Y que en una averiguación previa ella misma aceptó haber redactado la verdad histórica. El jueves pasado, Bernal tuvo una audiencia, según se pudo conocer en la reunión en Palacio Nacional. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, ofreció sus impresiones de la reunión con el presidente López Obrador, que se extendió por más de dos horas. Dentro de lo que cabe, podría decirte que fue una reunión normal. Una reunión de información de lo que ya se sabía en los medios. Y pues lo único nuevo es el compromiso de que el día 26 (de septiembre) el Presidente se va a volver a reunir con nosotros, esperando mejores resultado en los próximos días”.

Sobre las 46 órdenes de aprehensión que el abogado Vidulfo Rosales había dicho en la víspera no se habían obsequiado por parte de un juez federal, De la Cruz señaló que en la reunión les informaron que no se negaron, que están en proceso, pero dijo que no les informaron cuántas se han obsequiado. Se está llevando a cabo el proceso en los juzgados, pero todavía no podemos decir cómo, se nos informó, que no se han suspendido, sino que se está trabajando para poderse ejecutar con todos los elementos y no se vaya a echar abajo las detenciones, como sucedió con Uriel, que lo detienen por casos de 2014 y todos lo relacionado con la verdad histórica de 2014 están quedando libres, porque son cargos que quedaron fuera por la tortura”, dijo el vocero de los padres.

De hecho, se tiene información de que después que la administración del exprocurador Jesús Murillo integrara mal los elementos probatorios para ejercer acción penal en contra de los involucrados en el caso Ayotzinapa, lo cual tuvo como resultado la libertad varias personas imputadas, la FGR ha tenido que reponer procedimientos y elementos probatorios para poder obtener nuevas órdenes de aprehensión en contra de personas que utilizaron la tortura para obtener declaraciones. Definitivamente las 46 órdenes de aprehensión siguen adelante, que estén bien fundamentadas”, dijo De la Cruz, afirmando que no les dijeron cuántas se había obsequiado, “lo que sí nos aclararon fue que no se habían negado. Dentro de poco vamos a tener resultados si siguen avanzando”, comentó.

El vocero de los padres de los 43 dijo que regresan a sus lugares “tranquilos, porque sigue avanzado la investigación y vamos a llegar a la verdad, no se va a detener ni la investigación ni las búsquedas”. Como aclaración a la afirmación del abogado Vidulfo Rosales, en el sentido de que no se habían obsequiado las 46 órdenes de aprensión, la FGR informó que se otorgaron 34, principalmente en contra de policías municipales en Iguala y Cocula. -- ANDRÉS BECERRIL / EXCÉLSIOR