Integrantes del colectivo Aprender es un Derecho advirtieron que la iniciativa de proyecto de reforma educativa enviada al Congreso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye cambios que podrían implicar un retroceso en la materia. El colectivo, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil, lanzó un pronunciamiento respaldado con 43 firmas de asociaciones especialistas en educación, 41 de docentes y 19 firmas ciudadanas. En el documento se reconoce que el proyecto de reforma del Ejecutivo federal tiene aciertos como reconocer a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como titulares del "interés supremo de la educación". Sin embargo, advierten, la misma propuesta pone en riesgo la garantía del derecho a la educación -entendido como el derecho a aprender- al proponer cambios que representan un grave retroceso. Para evitar esto y lograr el ejercicio pleno del derecho a la educación, organizaciones y personas firmantes, emiten cinco puntos para que sean tomados en cuenta en la formulación del artículo tercero de la Constitución. El primero es que se mantenga la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje, al señalar que la propuesta del Ejecutivo reduce esta obligación únicamente a garantizar el acceso. "¿Queremos que todas y todos sólo asistan a la escuela, o que también aprendan lo que quieren y necesitan durante su vida escolar?", cuestionaron. El segundo es que se reconozca y promueva los derechos profesionales de las maestras y maestros (con cualquier función educativa), también que asegure una formación y acompañamiento de calidad e incluyente a todas las regiones del País, y garantizar procesos claros, justos y transparentes de ingreso y promoción en el sistema educativo. En el tercer punto se solicita que se mantenga la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños de cero a tres años (educación inicial). Así como que se proteja su derecho desde la Constitución que implica asegurar una estrategia de inclusión y equidad en una etapa de la vida que es determinante para cerrar las brechas de desigualdad. En el cuarto se llama a que el Estado salvaguarde la existencia de un instituto autónomo calificado que evalúe con rigor e independencia las políticas educativas a partir de lineamientos claros, produzca información confiable y monitoree en qué medida se está garantizando el derecho a aprender de los educandos. Y el último punto pide que se amplíe el enfoque de inclusión, para establecer, desde la Constitución, una educación incluyente que responda y promueva la diversidad, y la obligación del Estado de identificar y eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación en la educación. "Cualquier cambio a la Constitución que hable de un derecho debe ser para progresar, para avanzar y mejorar", se acota. Se refiere que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel relevante en la defensa y la promoción del derecho a la educación, especialmente en el monitoreo del avance o retroceso de la garantía de este derecho. "Quienes suscribimos este posicionamiento exigimos a las y los diputados de las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en particular, y a las demás personas que conforman el cuerpo legislativo en general, responder a su mandato y hacer los ajustes necesarios para garantizar el derecho a la educación a fin de que todas las NNAJ (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) alcancen su máximo potencial", es la petición. Entre los firmantes se encuentran la Alianza de Maestros, Mexicanos Primero, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Red de Escuelas por la educación y la conciencia ambiental, Telar Social y Vía Educación. Así como el Centro Nacional de Comunicación Social, Coparmex Ciudad de México, Reinserta, Save The Children, Un Kilo de Ayuda, Iluminemos de Azul, Enseña por México, Asociación de Personas con Discapacidad Paso Firme de los Mochis, entre otros. -- Reforma