La violencia contra las mujeres en su expresión más grave es el Feminicidio, hay una urgente necesidad de tener criterios claros en todas las instituciones cada vez que una mujer acude a presentar una denuncia por delitos relacionados a la violencia familiar, para realizar acciones coordinadas e integrales. Hay también muchas mujeres que están ahora mismo padeciendo violencia y que tampoco saben qué hacer, a dónde acudir, quién les oriente, porque bajo el esquema que tenemos actualmente todos los mecanismos de apoyo, ayuda y atención se activan tras la puesta de la denuncia, es el inicio de un recorrido para alcanzar la justicia, que no ha sido el más corto. Para que una mujer que sufre violencia familiar acuda a presentar una denuncia pasan muchas cosas, muchas situaciones, es muy complejo, porque aunque se piense que ahora todas tienen información y saben qué hacer, no es así; además está también por otro lado, el temor al agresor, que generalmente es el padre de sus hijos e hijas, su pareja actual, y que no es nada fácil acudir a una institución para explicar lo que está ocurriendo en el entorno de la familia. Éste recorrido que una mujer debe emprender para denunciar el delito, se ha formalizado en algunos protocolos de atención a las violencias contra las mujeres, uno de ellos es un documento que hace un par de años emitió el Instituto de las mujeres de San Luis Potosí con el propósito de que todas las instituciones que trabajan el apoyo a mujeres que viven violencia, supieran qué hacer, a dónde canalizar y acompañar a una mujer que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Tenemos desde 2017 en seis municipios del estado de San Luis Potosí, una alerta denominada Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo implementado por la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que el Estado y sus autoridades llevarán a cabo diversas acciones, algunas inmediatas, para ponerle fin a la violencia contra las mujeres.

Hasta este momento ninguna de las acciones ha sido lo suficientemente eficaz como para disminuir los casos de feminicidios, hay acciones puestas en marcha que podrían tener resultados en el largo plazo y que tienen relación directa con fomentar una cultura de la denuncia, el conocimiento de los derechos de las mujeres, la sensibilización al personal que labora en las entidades públicas, entre otras, pero hemos visto que es necesario estrategias de ayuda inmediata que se requieren en los momento de emergencia que puede vivir una víctima. Hemos exigido a diferentes autoridades que eviten la indolencia frente a la violencia que viven las mujeres; esto ponerlo sobre la mesa en estos momentos en los que se avecina una jornada electoral. Porque se debe evitar el uso de las carencias en apoyos a las mujeres como parte de una estrategia política, porque muchas personas políticas han prometido en sus campañas que trabajarían sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero no hay un trasfondo real y genuino de hacer cambios sustanciales en las leyes, en las políticas públicas, en la sanciones para las autoridades que incumplen sus funciones. Esto nos está llevando indiscutiblemente a que cada vez más mujeres sufran los diferentes tipos de violencia incluso la expresión más grave que es el feminicidio. Sin que veamos resultados en lo inmediato. Exigimos desde este espacio, a los medios de comunicación, establecer un pacto en el que se evite la difusión de imágenes de mujeres que han sido víctimas de violencia, porque afecta la dignidad de ellas como personas, de sus familias, de sus hijos e hijas. Y que se sumen a la estrategia de la ONU en el que se estableció en el punto cinco de los objetivos de desarrollo sostenible, en el que los medios juegan un papel preponderante para la difusión del empoderamiento de las mujeres. Este pacto invita a los medios de comunicación a sumarse con sus transmisiones, con su discurso mediático, periodísticos y de contenidos, a evitar la difusión de imágenes que laceren a las mujeres, erradicar de sus discursos los comentarios que las denigren, que las coloquen aún más en situación de desventaja.

Esperaríamos que los medios de comunicación de mutuo acuerdo Establezcan este pacto. Es sólo una parte de más actividades que son necesarias en lo inmediato. La violencia feminicida deja saldos irreparables en la sociedad, familias con el dolor de haber perdido a una persona querida. La violencia se puede prevenir, las instituciones tienen que tener la capacidad para reaccionar frente a los hechos que ya se cometieron, pero sobre todo tiene que tener capacidad de gestión para evitar que nuevos hechos se sucedan. Los recursos económicos no deben ser ningún pretexto para dejar de hacer y cumplir con lo que la ley ordena a las personas servidoras públicas. Sólo recordar que de acuerdo con los datos emitidos más recientes d en el sitio web de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el delito de Violencia Familiar hubo 5,863 víctimas mujeres y eso nos coloca en alto porcentaje de incidencia por cada 100 mil habitantes con 134.4 siendo la entidades que ocupa el lugar número 8 a nivel nacional por ese delito. Hubo además 21 víctimas de feminicidio y 39 muertes violentas de mujeres.